Según los datos facilitados hoy por la investigación, liderada por la Fiscalía de Distrito de Łódź, los sospechosos —una mujer polaca, una ucraniana y un hombre bielorruso— utilizaron 130 empresas "fantasma" registradas por toda Polonia que no realizaban actividad comercial alguna, pero emitían declaraciones falsas de empleo para ciudadanos extranjeros, principalmente bielorrusos y de otros países de Europa del Este.
El fraude fue detectado cuando los fiscales notaron que empresas sin facturación declaraban tener empleados a cientos de personas.
Según declaró a la agencia Pap Paweł Jasiak, portavoz de la fiscalía, el grupo captaba a ciudadanos ucranianos para que registraran las empresas para los que previamente conseguían perfiles de confianza (unos certificados que en Polonia permiten abrir cuentas bancarias y acceder a servicios de la administración).
Tras legalizar su entrada y permanencia en Polonia, la mayoría de los migrantes abandonaban el país y transferían las cuentas y documentos a los organizadores para que los pudiesen utilizar de nuevo.
Cada declaración falsa tenía un coste de unos 50 euros.
Los detenidos han sido acusados de organizar cruces fronterizos ilegales y obtener certificaciones falsas, delitos que conllevan una pena de hasta 8 años de prisión.
El tribunal ha dictado prisión preventiva mientras se analizan las pruebas incautadas y se registran los domicilios y ordenadores de los acusados.
Desde 2021, la frontera entre Polonia y Bielorrusia es escenario de una crisis migratoria que, según Varsovia, está provocada y organizada por el Gobierno de Bielorrusia para desestabilizar al bloque europeo al introducir de manera masiva a migrantes tanto bielorrusos como de países asiáticos y africanos.
Según la Guardia Fronteriza polaca, se han registrado más de 150.000 intentos de cruce desde el inicio de esta crisis, y aunque en los últimos meses ha disminuido el número de infiltraciones, la frontera se mantiene como una zona de tensión política.