La ciudad española de Sevilla acogerá desde este viernes el primer Congreso Internacional sobre Política Alimentaria, que durante dos días abordará esos y otros retos mundiales para garantizar el derecho a una nutrición adecuada.
Echanove explica que se analizarán asuntos como el acceso a la justicia para el reconocimiento del derecho a la alimentación, la igualdad de género, las políticas sobre esta cuestión y el futuro de la agricultura.
El congreso está coordinado por la Policy Studies Organization, la Universidad española Pablo de Olavide y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y otras entidades nacionales.
Echanove, que encabeza el equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO, reconoce que el congreso comenzó a planificarse cuando todavía no había estallado la grave crisis bélica de Oriente Medio, pero ya se veía la utilización del hambre como arma de guerra "en muchos conflictos".
A su juicio, uno de los principales problemas está relacionado con la "inequidad o falta de justicia en los sistemas alimentarios", donde existe una "creciente concentración de poder".
Ocurre cuando "los Estados, sobre todo en contextos de conflicto, ejercen ese poder contra las personas" para limitar intencionadamente el acceso a los alimentos.
La "inequidad" se observa también en la concentración corporativa, ya que "todos los insumos o elementos para producir alimentos (semillas, fertilizantes, maquinaria agrícola) están cada vez más concentrados en pocas empresas", incluso en la logística, la industria y la distribución comercial, según el especialista.
"Eso tiene repercusiones de todo tipo" porque, además del hambre, hay un creciente problema de "sobrepeso, empobrecimiento de dietas y consumo excesivo de ultraprocesados, íntimamente relacionado con ese control".
Son dinámicas de poder asociadas igualmente, asegura, a otros asuntos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pues los principales emisores de gases contaminantes son los grandes productores y empresas, no los pequeños.
Sin embargo, "no se puede meter a todo el sector privado en el mismo saco": junto a las pequeñas empresas, hay también grandes corporaciones dispuestas a modificar ciertas prácticas por la demanda de los consumidores.
"Aplicar el derecho a la alimentación no solo consiste en medir si hay menos hambre o desnutrición; es también la calidad del proceso, que las políticas se lleven a cabo con participación y transparencia, principios de derechos humanos", incide Echanove.
El experto de la FAO destaca las diferencias entre regiones, con América Latina a la cabeza.
Colombia ha sido el último país en incorporar en 2025 ese derecho en su Constitución, aunque casi todos los Estados de la región no lo han incluido de manera expresa o indirecta.
En Oriente Medio el contexto es "muy diferente", debido a la "quiebra total de los sistemas agroalimentarios a causa del conflicto".
Y en África, el derecho a la alimentación "va ganando tracción" en países como Malaui, Uganda y Kenia, pero siguen pesando la Revolución Verde para fomentar el incremento de la producción.
Echanove recalca que "ningún país europeo reconoce el derecho a la alimentación", si bien hay movimientos sociales que lo promueven.
Y en Asia, destacan los avances de la India, Nepal e Indonesia a partir de decisiones judiciales.