"Dicha comisión debería contar con participación de expertos internacionales independientes y acompañamiento de mecanismos especializados de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos", señalaron las organizaciones en un comunicado publicado por la ONG Laboratorio de Paz.
Asimismo, dijeron que la comisión debe estar integrada por instancias con experiencia en investigación de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y muerte bajo custodia estatal, así como peritos forenses internacionales que contribuyan a garantizar independencia, credibilidad y confianza pública en el proceso.
"La ciudadanía venezolana no cuenta hoy con garantías suficientes de imparcialidad, transparencia y confianza en las investigaciones que puedan adelantar las instituciones nacionales", añadieron.
A su juicio, la actuación de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, ha estado marcada por la opacidad, la ausencia de resultados verificables y la falta de rendición de cuentas en casos previos de violaciones de los derechos humanos.
La gravedad de los hechos denunciados, prosiguieron las ONG, exige que cualquier investigación se realice conforme a estándares internacionales reconocidos por Naciones Unidas, incluyendo el Protocolo de Minnessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas y el Protocolo de Estambul para la investigación y documentación eficaces de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso el pasado jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".
Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".
Su madre, Carmen Navas, llevaba meses denunciando la detención y la desaparición de su hijo, pero fue hasta el jueves que la cartera de Estado confirmó el deceso del preso político.
El ministerio aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal", algo cuestionado por ONG y líderes políticos del país.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón y el Foro Penal reiteraron que Navas realizó diversas diligencias ante la Fiscalía y la Defensoría para conocer el paradero de su hijo y fue "muchas veces" al Rodeo I donde le "negaban su paradero".