La nueva legislación firmada a mediados de mayo, que considera el silencio de una niña al llegar a la pubertad como consentimiento, legitima "una forma de matrimonio forzado", denunció el comité de 18 expertos en un comunicado.
Agregó que niñas y niños carecen inherentemente de la capacidad para otorgar un consentimiento pleno, libre e informado de un matrimonio.
El nuevo decreto "expone a las niñas a mayores riesgos de violencia, explotación, embarazo precoz y forzado, interrupción de la educación y daños psicológicos a largo plazo", añadió el comité.
Subrayó que la decisión de las autoridades de facto afganas forma parte de un patrón más amplio de medidas discriminatorias contra mujeres y niñas, vetadas por ejemplo de la educación secundaria y superior.
Estas medidas "han privado a millones de niñas afganas de sus derechos fundamentales, han debilitado su futura participación en la economía y la sociedad y han profundizado la pobreza y la desigualdad en todo el país", lamentaron.