En su diagnóstico sobre el mercado inmobiliario español, el Ejecutivo comunitario advirtió de que España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de la UE, con menos del 2 % de la oferta total, frente a una media europea de aproximadamente el 7 %, y de que el sinhogarismo va en aumento.
Para mejorar la situación, Bruselas recomendó "favorecer las opciones de alquiler social, mejor adaptadas a las necesidades territoriales" y ampliar el número de unidades en las zonas más deprimidas económicamente para "promover políticas de bienestar social".
"El alquiler social ofrece acceso directo e inmediato a viviendas asequibles sin exigir compromisos a largo plazo, costes de entrada adicionales ni restricciones de elegibilidad, en comparación con los planes de compra", reza el texto.
También instó a España a establecer "mecanismos de financiación predecibles" para el sistema de vivienda social, como la reinversión de rendimientos o fondos rotativos, a fin de reducir su dependencia del presupuesto nacional.
En general, la Comisión atribuyó la presión sobre el mercado a "cuellos de botella persistentes en la oferta", entre ellos la escasa disponibilidad de suelo edificable y la lentitud de los procedimientos administrativos y tramitación de permisos; factores que, combinados con una demanda creciente, están impulsando al alza los precios.
Así, Bruselas pidió a Madrid ampliar el parque de viviendas mediante la revisión del marco regulatorio, la simplificación de los procesos de concesión de permisos y la reconversión del parque edificado infrautilizado.
"Sin medidas decisivas, la escasez de vivienda y las desigualdades seguirán erosionando la competitividad económica y la cohesión social, en particular en las regiones y ciudades más gravemente afectadas", concluye el paquete.