La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) afirmó en un comunicado que los arrestos y detenciones, atribuidos al Departamento para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, plantean "serias preocupaciones de derechos humanos".
"Recordamos a las autoridades de facto que todas las personas tienen derecho a la libertad de movimiento y que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tienen derecho a la igualdad ante la ley", señaló UNAMA.
El Departamento para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio actúa como policía moral del régimen talibán y es el encargado de hacer cumplir buena parte de las restricciones sociales impuestas desde el regreso de los islamistas al poder en agosto de 2021.
Desde entonces, las mujeres afganas han sido excluidas de la educación secundaria y universitaria, apartadas de buena parte del empleo público y privado, y sometidas a normas cada vez más estrictas sobre su presencia en espacios públicos, sus desplazamientos, su vestimenta y su relación con las autoridades.
Las restricciones han convertido a Afganistán en el único país del mundo donde las niñas tienen prohibido estudiar más allá de la escuela primaria en la mayor parte del territorio, una medida que ha dejado fuera de las aulas a más de un millón de adolescentes, según organismos internacionales.
Las autoridades talibanes han endurecido en los últimos años las exigencias sobre el velo, la cobertura del rostro y la obligación de que las mujeres viajen acompañadas por un tutor masculino en determinados trayectos.
Las supuestas detenciones en Herat se producen además en una provincia que fue durante años uno de los principales centros urbanos y culturales del oeste afgano, con una vida pública femenina mucho más visible antes del retorno talibán.
Organizaciones de derechos humanos y agencias de la ONU han advertido repetidamente de que la acumulación de restricciones contra mujeres y niñas constituye una forma de discriminación sistemática que las expulsa de la educación, el trabajo, la justicia y la participación social.
El Gobierno talibán sostiene que sus normas responden a su interpretación de la ley islámica o sharía, aunque hasta ahora muy pocos países ha reconocido formalmente a su Administración, en gran parte por sus restricciones a los derechos de las mujeres.