Las autoridades nacionales deberán controlar las inversiones en equipamiento de doble uso civil y militar; en sectores como los de la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, los semiconductores, la energía y el transporte; las materias primas esenciales; la infraestructura necesaria para los procesos electorales y entidades financieras importantes para el sistema, como depositarios de valores u operadores de sistemas de pago.
La UE refuerza así las reglas de las que se dotó en 2020 para supervisar las inversiones extranjeras que pueden suponer un riesgo para la seguridad y el orden público, en un contexto en mayores tensiones geopolíticos.
La decisión de controlar o no las inversiones recaerá únicamente en cada Estado miembro en el que se lleven a cabo, aunque la Comisión Europea podrá emitir una opinión no vinculante en determinados casos.
En aquellos en los que los que haya divergencia de opiniones, las autoridades nacionales deberán justificar por qué no han seguido el criterio del Ejecutivo comunitario, en aras de la transparencia.
La nuevas normas entrarán en vigor a finales del año que viene.