En una declaración, ese organismo indicó que este mes se cumplen ocho años de la 'Operación Limpieza', que tildó como "la mayor masacre cometida contra cientos de nicaragüenses en todo el país en los últimos años" ordenada "por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo" y ejecutada por policías, soldados del Ejército y grupos paraestatales.
"A ocho años de estos crímenes, el Colectivo reafirma que la 'Operación Limpieza' constituyó una grave violación a los derechos humanos, un asesinato en masa y formó parte del patrón de la represión generalizada ejecutado por el régimen de Nicaragua contra la población nicaragüense", señaló.
Esa ONG denunció "la responsabilidad" de Ortega y Murillo, de la Policía, del Ejército, de las estructuras paraestatales y de todas las autoridades civiles y militares que permitieron, facilitaron armamento de alto calibre, ejecutaron o encubrieron todos esos crímenes.
"El Colectivo exige verdad y justicia para todas las víctimas de la represión de 2018 y todos los años de presión continua contra el pueblo", demandó.
Asimismo, llamó a la comunidad internacional a mantener la vigilancia sobre Nicaragua, respaldar los esfuerzos de documentación y acompañar a las víctimas "y sobrevivientes de esta masacre", que catalogó como "una de las etapas más violentas de la represión estatal iniciada en 2018".
Ese organismo recordó que hace ocho años, la Alcaldía de Managua, administrada por los sandinistas, movilizó personal, tractores y camiones para retirar las barricadas de las vías en distintos puntos de la capital, escoltada de fuerzas estatales, y que la Policía calificó "esta represión como 'Operación por la paz', que fue ejecutada entre junio y agosto de 2018, dejando al menos 215 personas asesinadas.
El Colectivo resaltó que ha contribuido con la documentación para la memoria y la lucha contra la impunidad y no olvido, acompañando a sus familiares y desde diciembre del año pasado presentó el Museo de la Memoria, un sitio en el que los nicaragüenses pueden encontrar información sobre más de 130 responsables de torturas, represión, persecución y ataque al pueblo nicaragüense.
El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, tras responder con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300".