“El mero hecho de que los miembros apoyaran o refutaran la destitución de (...) Gachagua no puede, por sí solo, establecer parcialidad constitucional”, declaró el magistrado Eric Ogola, al frente del tribunal.
Además, aclaró que la afiliación y expresión política de los parlamentarios no constituyen un sesgo constitucional en este tipo de procedimientos “como si fueran una página en blanco, desprovisto de opinión política o conocimiento previo”.
El tribunal concluyó que las acusaciones de los demandantes “no son, según las pruebas presentadas ante este Tribunal, más que meras afirmaciones sin fundamento, basadas en inferencias y sospechas políticas, en lugar de en pruebas objetivas”.
La resolución también determinó que el Tribunal “no es un árbitro político, sino constitucional” y que no es de su competencia determinar si los cargos justificaban la destitución del exvicepresidente.
Por otra parte, la corte validó las audiencias públicas coordinadas por la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), al considerar que las “deficiencias logísticas aisladas” no invalidan la legalidad de la consulta.
“El hecho de que la respuesta de su excelencia Gachagua a los cargos no estuviera disponible para el público durante el período no invalida el proceso”, puntualizó la sentencia.
Finalmente, la resolución judicial recordó el origen del poder ejercido por las cámaras en este proceso, concluyendo que “la Constitución confiere la autoridad de decisión final a la Asamblea Nacional y al Senado, ambos órganos representativos que ejercen un mandato delegado por el pueblo”.
Gachagua, quien faltó a la audiencia de hoy, declaró un día antes de la audiencia judicial que en caso de que el Tribunal Superior confirmase su destitución, recurriría al Tribunal de Apelación y a la Corte Suprema de Kenia, donde sus abogados planean agotar todos los recursos constitucionales disponibles.
El objetivo es obtener una indemnización y recuperar sus beneficios estatales, así como limpiar su nombre para evitar la inhabilitación política perpetua en el país.
El exvicepresidente keniano fue apartado de su cargo en octubre de 2024, luego de que el Senado ratificara cinco de los once cargos en su contra: enriquecimiento ilícito, incitación a la división étnica, insubordinación, ataques a las instituciones y violación del juramento constitucional.
La Asamblea Nacional dio luz verde a la destitución, con 281 votos a favor de los 349 diputados, y el Senado avaló el proceso con el voto de 54 de sus 67 miembros.
Gachagua fue reemplazado el 1 de noviembre de 2024 por el entonces ministro de Interior, Kithure Kindiki.