"La agresión de EE.UU. contra Cuba es incesante y se refuerza ante la impotencia de no vernos derrotados", escribió Díaz-Canel en las redes sociales.
El mandatario cubano consideró que cada acción y medida de EE-UU. "van dirigidas a privar al país de la capacidad de atender las necesidades fundamentales" de la población de la isla con "ataques contra las fuentes de ingresos, el acceso a vías financieras, los suministros de combustible y las transferencias de tecnología".
"El gobierno estadounidense confía en que ningún país puede funcionar y sobrevivir bajo una guerra tan despiadada", señaló Díaz-Canel.
Asimismo calificó de "concreto y brutal" el efecto de las sanciones de Washington, pero afirmó que a EE.UU. le "sorprende" la "capacidad de resistir y crear" de Cuba.
El Departamento de Estado de EE.UU. comunicó la víspera que designó a "cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales" de la Administración del presidente Donald Trump para "poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio".
Las entidades sancionadas son Almacenes Universales, la financiera Rafin, el Banco Financiero Internacional (BFI), la siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de la isla, y GeoMinera, una compañía estatal que gestiona activos de minerales metálicos no niquelíferos con inversión de la australiana Antilles Gold y otras entidades extranjeras.
Según dijo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un comunicado, Rafin y el BFI "se dedican a mover dinero en nombre del régimen" de La Habana.
En la nueva ronda de sanciones, la Administración estadounidense incluyó además a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del expresidente Raúl Castro.
El presidente Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.
También incluye la prohibición de entrada al territorio estadounidense a personas extranjeras que hayan mantenido o mantengan relaciones con entidades gubernamentales cubanas, estén implicados en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción.
El conglomerado Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres, fueron los primeros sancionados con la medida de Washington que después sumó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a Alejandro Castro Espín, a los ministros de Comunicaciones, y de Energía y Minas, entre otros funcionarios y entidades estatales, y a las empresas Moa Nickel y Cubapetróleo (Cupet).
Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., con apagones de más de 20 horas la Habana y hasta 72 horas seguidas en el resto del país, y que ha agravado la crisis económica que arrastra la isla desde hace seis años.
La economía estatal del país caribeño está casi paralizada y según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se puede contraer al menos un 6,5 %, mientras economistas independientes estiman sumar una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025.