La mayoría conservadora del Alto Tribunal decidió (6-3) que la legislación estatal violaba el derecho a portar armas amparado en la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.
El Supremo dio la razón a los defensores pro-armas en que el estado no puede impedir por defecto el porte de pistolas en propiedades privadas, a menos que se cuente con el consentimiento expreso del propietario.
"Este régimen (legislativo) entorpece aquello que protege la Segunda Enmienda: el derecho de los estadounidenses a portar armas para defensa propia en el curso de su vida cotidiana. Sostenemos que la ley es inconstitucional", escribió el juez conservador, Samuel Alito, en la opinión de la mayoría.
La orden encaja con una decisión de la Corte Suprema de 2022 que consagró el porte de armas en público como un derecho amparado por la Segunda Enmienda.
Las tres juezas liberales, Sonia Sotomayor, Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan, disintieron, al argumentar que la ley de Hawái encaja en una tradición histórica de exigir consentimiento del propietario para entrar armado en su dominio, sobre todo para proteger derechos de propiedad y evitar daños vinculados a la presencia de armas.
Este nuevo fallo es un nuevo revés para quienes insisten en la necesidad de un mayor control de armas en favor de la seguridad. Estados Unidos es uno de los países con mayor número de tiroteos masivos en el mundo, en su mayoría con armas largas y de asalto.
Hawái promulgó la conocida Ley 52 a raíz del dictamen de 2022 del Supremo para exigir que los titulares de permisos de porte oculto obtengan una autorización explícita del propietario antes entrar con armas en negocios y otros espacios privados abiertos al público.
Tres residentes en ese estado, junto a la Coalición de Armas de Fuego de Hawái, impugnaron la disposición ante un tribunal federal, que les dio la razón. El fallo fue revertido luego por un tribunal de apelaciones que le dio la razón al estado, por lo que la elevaron a la Corte Suprema, que finalmente los respaldó.