En la reunión, que se celebró el pasado fin de semana, la ONG abordó la situación actual de Túnez, por la que manifestó "su profunda preocupación, debido al alarmante deterioro de los derechos humanos y las continuas restricciones a las libertades públicas e individuales".
Además, destacó el "declive" de las garantías fundamentales del Estado de derecho, la libertad de expresión, de asociación y de acción cívica independiente en el ámbito público, en un contexto de "aumento de los enjuiciamientos y procesos judiciales con motivaciones políticas".
En este sentido, la LTDH mostró su rechazo a la "disminución de las garantías de un juicio justo y de la independencia judicial", una denuncia que coincide con la expresada recientemente por el Colegio del Abogados de Túnez, cuyos afiliados manifestaron su repudio a estas prácticas con una huelga general el pasado 18 de junio.
Por otra parte, la LTDH advirtió sobre el "agravamiento" de la crisis económica y social, la continua "disminución" del poder adquisitivo y el "aumento" de la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad regional.
Destacó que esto sucede "al mismo tiempo que las políticas públicas no logran satisfacer eficazmente las expectativas de la ciudadanía en materia de dignidad y justicia social".
Durante la sesión, la ONG también puso de relieve "el auge de la retórica divisoria" con manifestaciones de "odio", así como los delitos racistas y la "impunidad" de la que gozan quienes las ejecutan, ante "el silencio de las autoridades".
Ante esta situación, la LTDH instó a las autoridades gubernamentales a garantizar los derechos económicos y sociales, así como los ambientales, y a "poner fin a toda forma de restricción de las libertades".
Asimismo, exigió "respeto" a la independencia del poder Judicial y garantizar la libertad de asociación, la sindical y la política.
También rechazó la decisión del Ministerio de Justicia de "congelar de facto" el memorando de cooperación firmado con la LTDH, e impedir así que sus miembros visiten las cárceles, lo que supone un "flagrante desacato del Estado tunecino en materia de protección de derechos humanos".
Desde que el presidente tunecino, Kais Said, en el poder desde 2019, se arrogó plenos poderes dos años después, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro del clima de libertades y una intensificación de la persecución contra la disidencia.