"Reafirmamos que los empleados públicos son empleados del Estado y están plenamente preparados para cumplir con sus tareas y garantizar la continuidad de los servicios a la ciudadanía", afirmó en un comunicado Jalil Hamada, el presidente de Al Risala, el Sindicato de Empleados del Sector Público en Gaza.
En su nota, Hamada hizo hincapié en que los alrededor de 40.000 funcionarios gazatíes trabajaron durante los últimos años "en circunstancias excepcionales y difíciles" en el marco de la ofensiva israelí, por lo que, reclamó, "es imperativo salvaguardar todos sus derechos profesionales y económicos, y garantizar que no se vean comprometidos".
Además, continuó, los empleados del sector público de este enclave palestino se comprometen a continuar trabajando y haciendo "todo lo posible" para facilitar las tareas del NCAG y el mantenimiento de las instituciones públicas gazatíes.
El director de la Oficina de Medios del Gobierno gazatí, Ismail Al Thawabta, anunció este lunes la disolución del Ejecutivo de emergencia con el que Hamás administraba Gaza desde el 7 de octubre de 2023, cuando sus ataques contra Israel desataron una represalia contra el enclave en la que el Ejército israelí ha acabado con la vida de cerca de 73.100 personas.
Su disolución implica, sin embargo, un vacío en la administración de Gaza que no se cubrirá hasta el acceso de los tecnócratas palestinos del NCAG, un organismo establecido en el plan de alto el fuego alcanzado el pasado octubre con la mediación de Estados Unidos.
La disolución levantó la suspicacia tanto de la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, como de los medios en Israel, donde la decisión de los islamistas de disolverse se ha visto como un acto simbólico sin relevancia práctica.
"Hemos tomado nota del anuncio de hoy sobre la disolución del Comité de Emergencia en Gaza. En última instancia, nuestra evaluación se basará en acciones concretas, no en promesas, para satisfacer las necesidades básicas del pueblo de Gaza", aseguró en un comunicado la Junta de Paz.