Los convocantes de esas marchas culpan a los indocumentados de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que éstos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas, desatando el temor.
Estas son las claves para entender el retorno de estos migrantes, algunos por sus propios medios y otros en programas de repatriación voluntaria activados por varios gobiernos africanos:
Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia han informado sobre repatriaciones por tierra o aire desde Sudáfrica durante las últimas semanas.
Cerca de 60.000 zimbabuenses han regresado a su país (más de 47.000 por sus propios medios, y unos 11.000 con ayuda del Gobierno), mientras los nigerianos retornados ascienden a más de 800.
También han repatriado a nacionales Uganda (560), Kenia (más de 200), Mozambique (unos 740) y Ghana (más de 650).
Las autoridades sudafricanas dicen haber procesado a más de 15.000 malauís para su deportación.
Aunque la ola de xenofobia de los últimos meses no ha causado, e momento, tantas víctimas mortales como episodios xenófobos anteriores en la historia de Sudáfrica -60 extranjeros muertos en 2008 o 18 en 2019- los países africanos afectados han denunciado varias muertes.
Así, Nigeria ha reportado el presunto "asesinato" de tres nacionales (uno por atacantes sin identificar y otros dos a manos de la Policía sudafricana).
Ghana informó sobre la muerte de un ciudadano ghanés en Ciudad del Cabo (suroeste), durante las masivas marchas antiinmigración del 30 de junio, pero el Gobierno sudafricano desmintió esas alegaciones y atribuyó ese fallecimiento a un acto criminal cometido el día anterior.
También Uganda confirmó a finales de junio un muerto en un ataque y Mozambique denunció a principios de ese mes la muerte de al menos cinco nacionales en incidentes xenófobos y otros dos en un accidente de tráfico cuando regresaban a su país en un vehículo particular.
Varios países africanos han rechazado la violencia, incluida Ghana, que pidió el pasado 7 de mayo a la Unión Africana (UA) que aborde esta crisis y envíe una misión de investigación a Sudáfrica.
En un comunicado la pasada semana, el Gobierno ghanés condenó "la creciente ola de xenofobia dirigida contra los ciudadanos africanos" y aseveró que "la pérdida de cualquier vida humana es inaceptable".
Este domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria tildó de "inaceptable" el ataque "sistemático" contra nigerianos que "residen legalmente en Sudáfrica".
Nigeria advirtió de que, "si la situación persiste, todas las opciones siguen abiertas, algunas de las cuales se activarán si no se aborda la tendencia inculta y provocadora de intolerancia y comportamiento de estilo 'apartheid' (antiguo sistema segregacionista sudafricano) que Sudáfrica muestra hacia los extranjeros".
Además, países como Guinea-Bisáu y Nigeria convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios, mientras Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica.
Las imágenes de cientos de migrantes acampando ante sus embajadas o consulados en diferentes ciudades sudafricanas se han multiplicado en las últimas semanas, especialmente antes de las citadas marchas del 30 de junio, un día que los convocantes de las protestas dieron como fecha límite a los indocumentados para abandonar el país.
"He visto cómo se insultaba a los extranjeros y se les culpaba del desempleo y la delincuencia. El mero hecho de escuchar esos comentarios genera miedo en la comunidad", declaró a un diario de Kenia un ciudadano de ese país residente en Sudáfrica y llamado Ayub.
Recién retornada a Zimbabue después de más de quince años en Sudáfrica, Monica Sibanda expresó también su temor en declaraciones a EFE y lamentó que, al salir del trabajo, es posible encontrarse con "ciudadanos sudafricanos que te acosan y te amenazan".
El Gobierno sudafricano ha condenado la violencia pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular en el país y ha rechazado las críticas de otros gobiernos africanos.
"Estas preocupaciones son reales y merecen ser escuchadas (...). Sin embargo, el derecho a manifestarse y la libertad de expresión no permiten amenazar o intimidar a otras personas, ni cometer actos de vandalismo o violencia", afirmó en la víspera de las protestas del 30 de junio el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.
En este contexto, Ramaphosa ordenó el despliegue desde el pasado 28 de junio y hasta el 31 de julio de unos 3.400 soldados para apoyar a la Policía ante "cualquier eventualidad".