La decisión de celebrar la audiencia, que abordará tanto la admisibilidad como el fondo del caso, fue anunciada este viernes por el tribunal con sede en Estrasburgo, que también abrió un plazo de cuatro semanas para que terceros interesados soliciten intervenir en el procedimiento.
Según la organización demandante, tras la anexión de Crimea, los menores fueron declarados automáticamente ciudadanos rusos, incluidos en procedimientos de adopción y, posiblemente, adoptados por familias rusas.
La ONG sostiene que desde 2014 las autoridades rusas no han facilitado información sobre su paradero, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por Ucrania.
La UHHRU argumenta que el caso reviste una "gravedad excepcional" y un evidente interés público, motivos por los que solicitó una vista pública, para esclarecer los hechos y las cuestiones jurídicas planteadas por un asunto que ha suscitado una amplia atención mediática.
La demanda fue presentada ante el TEDH el 14 de enero de 2023 en representación de diez menores nacidos entre 2009 y 2013, todos ellos de nacionalidad ucraniana al nacimiento. En 2014, cuando tenían entre uno y cinco años, estaban tutelados por el Estado ucraniano y residían en instituciones de acogida situadas en Crimea.
La organización sostiene que, tras el 27 de febrero de 2014, Rusia atribuyó automáticamente la nacionalidad rusa a más de 4.000 menores privados del cuidado parental en la península y rechazó transferirlos a las autoridades ucranianas, al tiempo que inició procedimientos para su adopción.
En su demanda, la UHHRU denuncia la presunta vulneración del derecho a la libertad y la seguridad al mantener a los menores en instituciones bajo control ruso, ocultar información sobre su ubicación e integrarlos en el sistema ruso de adopción o acogimiento familiar.
La organización sostiene que algunos de los niños podrían haber sido adoptados y califica la situación de desaparición forzada.
Asimismo, invoca una vulneración del derecho al respeto de la vida privada al considerar que las autoridades rusas alteraron arbitrariamente la nacionalidad de los menores e intentaron modificar su identidad al incluirlos en plataformas de adopción, privándolos de su condición de ciudadanos ucranianos.
El procedimiento ha seguido una tramitación prioritaria, anónima y confidencial. En febrero de 2023, el TEDH rechazó una solicitud de medidas provisionales al considerar que el riesgo de una eventual adopción se refería a hechos posteriores al 16 de septiembre de 2022, fecha en la que Rusia dejó de ser parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La demanda fue comunicada al Gobierno ruso en marzo de 2025 y, un año después, el tribunal remitió preguntas adicionales a las partes. Mientras la organización demandante, el Gobierno ucraniano y otras entidades autorizadas presentaron sus observaciones, Rusia no remitió alegaciones al tribunal.