"Hemos seguido facilitando el retorno de extranjeros a sus países, ya sea mediante la deportación o la repatriación voluntaria asistida", afirmó la ministra de Justicia y presidenta del Comité Interministerial (IMC, en inglés) sobre Migración, Mmamoloko Kubayi, en una rueda de prensa en Pretoria.
Las autoridades recalcaron que la repatriación "se refiere al acto de devolver a una persona a su país de origen", mientras que la deportación "es un proceso formal y legal mediante el cual un gobierno expulsa a un extranjero de su país".
En las últimas semanas y hasta el 11 de julio, precisó, "un total de 53.449 extranjeros han sido procesados para su deportación y repatriación, principalmente malauíes (más del 80 %), seguidos de zimbabuenses y mozambiqueños".
Las repatriaciones a países fuera del sur de África ascienden a 2.615 e incluyen 431 retornos a Kenia, 1.159 a Nigeria, 86 a la República del Congo (RDC) y 939 a Uganda.
Hasta el 8 de julio, las fuerzas del orden registraron 205 casos y detuvieron a 350 personas relacionadas con intimidación, justicia por mano propia y delitos vinculados a la migración.
De esos casos, un total de 112 ya se encuentran en los tribunales.
La ministra aseveró que "la gestión de la inmigración, el control de fronteras, la deportación y la repatriación facilitada son responsabilidad exclusiva del Estado, y ningún individuo o grupo tiene autoridad para tomarse la justicia por su mano ni para intimidar, amenazar o expulsar ilegalmente a ninguna persona de ninguna comunidad".
En ese sentido, el IMC condenó las acciones ilegales de grupos aislados que, según medios locales, realizan controles de identidad a ciudadanos extranjeros en Sudáfrica mediante registros en viviendas y negocios sospechosos de albergar a migrantes indocumentados.
La tensión en Sudáfrica ha aumentado durante los últimos meses por una ola de ataques xenófobos y protestas antiinmigración, que culminó el pasado 30 de junio, cuando miles de personas salieron a las calles en una fecha que los convocantes habían dado como límite para que los indocumentados abandonasen el país.
Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes africanos de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.
El Gobierno sudafricano, por su parte, ha condenado estos ataques, pero ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.
Países como Uganda, Kenia, Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana o Mozambique han repatriado en las últimas semanas a miles de ciudadanos que solicitaron regresar a sus países de origen por miedo a los ataques xenófobos.
Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, a menudo, han desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables.
La actual crisis ha provocado, de momento, más de diez muertes, según datos oficiales.
El peor estallido xenófobo que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida y las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.