"Costa Rica reitera su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes" en Nicaragua, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense en un comunicado.
El pronunciamiento recuerda que Costa Rica no reconoció el último proceso electoral de Nicaragua del 2021 debido a la "ausencia de condiciones y garantías", y recordó que "Costa Rica siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua".
En junio pasado, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expresó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la preocupación de su país por "el deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en Nicaragua, por las denuncias de detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las restricciones a las libertades fundamentales y el hostigamiento contra líderes religiosos y comunidades de fe".
Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen a nivel de consulados desde el 2018, cuando el entonces presidente costarricense Carlos Alvarado (2018-2022) decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó explícitamente el domingo cualquier posibilidad de alternancia democrática al sentenciar que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
"Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder", lanzó en un discurso el mandatario durante un acto conmemorativo del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Su esposa, Rosario Murillo, que era vicepresidenta desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional, que además estableció que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejaron de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría serían en noviembre de 2027.
En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de "copresidenta" en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, "porque sabe que no puede ganar" en un proceso electoral libre.