La organización afirmó en un comunicado que las autoridades siguen procesando sobre todo a sospechosos "de bajo nivel", en vez de a los "criminales de mayor rango" por los crímenes de Boko Haram, su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés) y las fuerzas de seguridad.
"Las autoridades nigerianas deberían exigir responsabilidades a los culpables de las atrocidades cometidas por Boko Haram y las fuerzas de seguridad, pero procesan repetidamente a personas con conexiones tenues con los crímenes más graves en juicios que no garantizan la justicia", afirmó Anietie Ewang, investigadora de HRW sobre Nigeria.
La organización cuestionó especialmente los cargos por "apoyo material" a grupos terroristas, porque su formulación amplia puede criminalizar "actos de supervivencia" en zonas controladas por los yihadistas.
Estos actos pueden incluir el pago de impuestos religiosos en productos agrícolas, el suministro de gasolina, leña, arroz o maíz, el cuidado de ganado robado o el transporte de munición.
Asimismo, HRW alertó que los procesos "parecen basarse en pruebas insuficientes para justificar condenas penales" y pidió a las autoridades que garanticen que todos los juicios cumplen los estándares internacionales de "imparcialidad y debido proceso", con "pruebas creíbles" y "tiempo suficiente" para preparar la defensa.
La ONG aseguró que, en todos los procesos observados, los fiscales no presentaron testigos ni pruebas circunstanciales para sustentar los cargos, que en algunos casos "eran ambiguos" y carecían de datos clave como la fecha o los detalles concretos del presunto delito.
La novena fase de los juicios por terrorismo empezó el pasado 8 de abril, con más de 500 acusados, y la décima fase el 15 de junio, con unos 600 procesados, detalló HRW, que documentó condenas de entre diez y ochenta años de cárcel en los casos que observó.
Frente a las preguntas de la ONG, la Fiscalía de Nigeria argumentó que su estrategia busca combatir las redes de apoyo, financiación, logística y reclutamiento de los grupos terroristas, al tiempo que "preserva los derechos constitucionales" de los acusados.
El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento del ISWAP.
Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.
Asimismo, en el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.