El colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José, exigió "una prueba de vida, información sobre su paradero y su libertad inmediata" al Gobierno de los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ese organismo indicó que este 23 de julio se cumplen seis meses de la desaparición forzada de Mendoza Irigoyen, quien fue detenido durante un operativo policial realizado en su vivienda, en la carretera sur, en Managua, y desde entonces las autoridades no han informado oficialmente dónde está recluido, cuál es su estado de salud ni cuál es su situación jurídica.
Según el Colectivo, el sexagenario no tiene participación política, no ha ocupado cargos públicos y no posee antecedentes penales.
En junio de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del nicaragüense debido a la gravedad y urgencia de su situación.
En su resolución, la CIDH solicitó al Estado de Nicaragua determinar su paradero, informar si se encuentra bajo custodia estatal y permitir el acceso de sus familiares y representantes legales.
Desde su detención, sus familiares han realizado gestiones de búsqueda en diferentes dependencias estatales, sin embargo las autoridades no han brindado información oficial.
Según el colectivo, la desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".