El Ministerio Público lideró un operativo en las provincias andina de Azuay y costera de El Oro (fronteriza con Perú) por presunto lavado de activos, cuyos delitos precedentes serían la minería ilegal y la distribución de explosivos.
La Fiscalía investiga la presunta exportación de grandes cantidades de oro, "sin que existan concesiones mineras ni se haya determinado el origen o abastecimiento lícito del material".
Se allanaron diez inmuebles, se intervinieron cuatro compañías jurídicas y se ejecutaron las órdenes de detención de seis personas en los municipios de Machala (El Oro) y Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
Entre los indicios levantados constan más de 245.000 dólares en efectivo, documentos, computadores, armas de fuego, municiones, joyas y dispositivos electrónicos.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que entre los indicios hallados figuran unas placas de oro con la fotografía del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.
Anotó que con el operativo, en el que trabajaron 284 policías y once fiscales, se dio un "duro golpe a las economías criminales y la minería ilegal".
El funcionario señaló que los operativos se realizaron contra "la red criminal" de Elías Baldor B. alias B.B. y su círculo de colaboradores, que -según dijo- son "financistas directos y principales de Los Lobos", uno de los grupos criminales a los que el Gobierno cataloga como "terroristas".
La banda Los Lobos -añadió Reimberg- utilizó "durante años la minería ilegal para generar millones de dólares destinados a fortalecer su estructura, expandir su violencia y someter a comunidades enteras" a través del miedo.
En una rueda de prensa, el ministro aseguró que "este es un golpe que ningún gobierno se ha atrevido a dar. Nadie ha tratado ni siquiera de llegar a estas personas por el temor que han tenido por la organización que lideran".
Añadió que hasta el momento, las investigaciones que han durado más de un año, han determinado que la red movió más de 3,2 millones de dólares "a través de la utilización de empresas mineras", y que ingresaba, inclusive, a zonas de minería legal para intimidar, quitar concesiones y operar en las mismas.
Reimberg indicó que los explosivos usados en algunas de las detonaciones ocurridas en diferentes lugares, sobre todo en El Oro, pertenecen a la compañía y la minera de Baldor B., lo que ha permitido la trazabilidad de los "ataques terroristas".