La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) presentó el martes pasado un balance de 499 civiles afganos muertos, entre ellos 37 niños, y más de 1.200 heridos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026, principalmente a causa de los bombardeos paquistaníes.
Amnistía Internacional advirtió además de que algunos de los ataques contra territorio afgano podrían constituir crímenes de guerra y reclamó una investigación independiente sobre las posibles violaciones del derecho internacional humanitario.
Pero el balance no fue aceptado a ninguno de los países situados a ambos lados de la frontera.
El portavoz adjunto del Gobierno de facto talibán, Hamdullah Fitrat, cuestionó horas más tarde las cifras de la UNAMA y aseguró que solo desde febrero han muerto cerca de 900 civiles afganos.
"Desafortunadamente, el régimen militar paquistaní ha llevado a cabo repetidos ataques brutales e indiscriminados en Afganistán, que han causado la muerte y heridas a un gran número de nuestros compatriotas y el desplazamiento de decenas de miles de familias", lamentó Fitrat.
Islamabad, por su parte, negó rotundamente que sus operaciones hayan causado víctimas civiles e insistió en que sus ataques son selectivos y están dirigidos contra objetivos militares.
"Se camuflan como civiles", respondió el jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, al ser preguntado por el informe de la UNAMA.
"No llevan un uniforme específico ni un distintivo en la manga que indique que son combatientes. Creo que este es uno de los problemas prácticos que la ONU y otros deberían examinar", agregó.
El principal foco de tensión entre Islamabad y Kabul es el grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes, cuyos ataques en Pakistán han aumentado considerablemente desde el regreso de los talibanes afganos al poder en 2021.
Islamabad acusa al régimen vecino (integrado por un movimiento distinto a los talibanes paquistaníes, aunque próximo en términos ideológicos) de dar refugio al TTP, algo que Kabul niega.
Según el Ministerio del Interior de Pakistán, el año pasado murieron más de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad y cerca de 800 civiles en el país a causa del terrorismo, mientras que alrededor de 2.000 presuntos insurgentes fueron abatidos.
"Pakistán lleva a cabo los ataques en defensa propia y como medida de último recurso, y continuará haciéndolo hasta que se elimine la amenaza", declaró esta semana a EFE un alto cargo de seguridad paquistaní bajo condición de anonimato.
La UNAMA no ha comentado públicamente las críticas a sus cifras lanzadas por ambos gobiernos.
Según la metodología del informe, la misión verifica cada caso mediante información procedente de al menos tres fuentes independientes, que pueden ser víctimas, testigos, personal médico o líderes comunitarios.
"Las bajas civiles se registran como 'verificadas' cuando, sobre la base de la totalidad de la información examinada por la UNAMA, esta ha determinado que existe información 'clara y convincente'", indica la organización.