"Lideramos la estrategia legal de Fergie Chambers para probar ante los tribunales españoles que las actividades por las que se le cuestiona únicamente están vinculadas a fines humanitarios, y exigiremos el total cumplimiento de sus derechos fundamentales", anuncia en un comunicado el despacho de Garzón, que ejerció la defensa del fundador de Wikileaks Julian Assange en otro importante proceso de extradición.
Garzón, conocido por haber emitido en 1998 -cuando era juez- la orden internacional de detención contra el dictador chileno Augusto Pinochet, también formó parte de la defensa del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, quien fue finalmente extraditado este año a EE.UU.
Por su parte, el filántropo y activista de izquierdas James Cox 'Fergie' Chambers Jr. es miembro de una las familias con mayor fortuna de su país, dueña del conglomerado Cox Enterprises, con intereses en automoción, medios de comunicación e inversiones.
Fue arrestado el pasado 10 de julio en Ibiza cuando iba en coche con su familia.
Tras su detención pasó a disposición de la Audiencia Nacional, organismo judicial que se encarga en España de tramitar las extradiciones.
Después de declarar por videoconferencia, y a petición de la Fiscalía, el juez decretó su ingreso en prisión incondicional y actualmente se encuentra en un centro penitenciario de Madrid a la espera de que se decida sobre la petición de entrega formulada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le acusa de financiar a Hamás, considerado por ese país un grupo terrorista.
En su comunicado, el despacho de Garzón señala que las autoridades estadounidenses atribuyen a Chambers presuntos delitos relacionados con financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, en una causa que continúa bajo secreto.
Conocido por su actividad filantrópica y por sus donaciones a proyectos sociales y humanitarios, Chambers apoyó en los últimos años distintas iniciativas de solidaridad internacional, entre ellas proyectos de ayuda civil en Gaza, indican sus abogados.
Chambers, añaden, rechaza las acusaciones y defenderá ante los tribunales españoles que las actividades por las que está siendo investigado no tienen ningún contenido penal y se ciñen exclusivamente a su actividad filantrópica de apoyo a iniciativas humanitarias.
El procedimiento de extradición se desarrollará en la Audiencia Nacional, y en el caso de que la entrega sea declarada procedente, corresponderá al Gobierno de España la decisión final sobre su ejecución.
A raíz de su detención, su familia denunció que la reclamación responde a una "persecución política" de la administración del presidente Donald Trump por el apoyo del filántropo a la causa palestina.
Considera que se enmarca en una estrategia de represión contra el movimiento internacional de solidaridad con Palestina y afirma que el empresario afronta una petición de extradición por varios cargos federales que podrían acarrearle una pena de hasta 30 años de prisión.
El cargo más grave, concretan sus parientes, se refiere a una supuesta financiación de la resistencia palestina, una acusación que califican de "fabricada" y que, aseguran, se fundamenta únicamente en transferencias de fondos realizadas por Chambers desde Estados Unidos a Túnez, país donde residía y donde desarrollaba actividades empresariales y de patrocinio deportivo.