La directora de la AMJ, Claudia Pineda, dijo a EFE que la cifra de 58 presos políticos es "un número mínimo verificable", porque solo incluye a "aquellas personas cuya denuncia fue interpuesta por su familia en nuestros procedimientos y que las familias nos han autorizado a mencionarlos y a incluirlos en la lista".
Precisó que "51 son hombres y siete mujeres" y que de ese total, 22 se encuentran en condición de desaparición forzadas, entre ellos adultos mayores y afines al Gobierno, puesto que sus familias no conocen su paradero ni su estado.
Pineda ofreció los datos durante el lanzamiento en Costa Rica de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, que absorbió al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el Monitorero Azul y Blanco, y la Unidad de Defensa Jurídica, que denuncian, documentan y dan acompañamiento jurídico a las víctimas de la represión en Nicaragua.
Esos organismos han documentado 1.491 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.
Mientras que las cifras de personas presas políticas están avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El anterior informe registró la salida del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, fallecido bajo custodia estatal el 30 de mayo pasado, y volvió a incluir al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, de 77 años, que había sido excluido en el documento anterior.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.