La Agencia de Servicios Migratorios de Japón detalló los nuevos criterios en una consulta a la ciudadanía que estará disponible durante un mes, hasta el próximo 4 de septiembre.
La revisión de las normas forma parte del plan de la primera ministra, Sanae Takaichi, para responder al aumento sin precedentes de la población de origen extranjero en Japón, que ha generado críticas en algunos sectores de la sociedad por lo que consideran una excesiva permisividad de las autoridades.
En su explicación de los nuevos requisitos, la agencia migratoria detalló que "se exige explícitamente contar con condiciones económicas iguales o superiores a las de los ciudadanos japoneses, tanto en el presente como en el futuro", por lo que el candidato será considerado "si los ingresos superan sistemáticamente la media de los hogares japoneses según el tamaño del hogar".
Además, las nuevas normas piden mantener un nivel de japonés que permita hacer vida independiente, entender los sistemas y reglas japonesas y mantener una buena conducta, entre otros aspectos.
La residencia permanente permite a un ciudadano extranjero vivir y trabajar en Japón de manera indefinida sin renunciar a su nacionalidad de origen, y es diferente a la naturalización, que también es posible en el país.
Según los medios japoneses, algo más de 940.000 personas tenían la residencia permanente en Japón a finales del año pasado, de los más de 4 millones de residentes extranjeros.
En enero, el Gobierno de Takaichi propuso una serie de medidas para endurecer las leyes migratorias y promover la "coexistencia" con los extranjeros, entre ellas endurecer los requisitos para obtener la residencia permanente o restringir la compra de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros.
El plan también incluye medidas de apoyo e integración, como la puesta en marcha de centros de consulta.