Los especialistas recomendaron continuar la exploración en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en las zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila (noreste).
No obstante, reconocieron los riesgos para los acuíferos y el elevado consumo de agua de la técnica, por lo que recomendaron extraer el agua salada de ciertas formaciones rocosas en el subsuelo.
“Hoy en día un pozo de fracturamiento hidráulico requiere de 50.000 a 70.000 metros cúbicos de agua y entonces son volúmenes importantes”, expuso José Antonio Hernández Espriú, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Sheinbaum anunció que su Gobierno comenzará con la perforación de pozos exploratorios para determinar si existen reservas suficientes de gas y fuentes subterráneas de agua salada, tal como el comité propuso utilizar en lugar de agua dulce.
“Lo vamos a hacer. Vamos a empezar a ver si hay agua, a ver si hay gas antes de cualquier cosa y que los expertos nos sigan acompañando”, aseguró.
Entre otras condiciones, el comité recomendó reciclar al menos el 75 % del agua empleada, evitar sustancias altamente tóxicas, vigilar permanentemente los acuíferos y realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades antes de iniciar cualquier producción.
Sheinbaum también se comprometió a prohibir la técnica en la cuenca Tampico-Misantla, como recomendaron los expertos, y anunció que esa restricción quedará establecida mediante un decreto.
La presidenta mexicana defendió la evaluación al argumentar que México importa cerca del 75 % del gas que consume, principalmente de Estados Unidos.
Según las estimaciones del gobierno, el impulso a las energías renovables, la reducción de la quema de gas y una mayor producción convencional permitirían disminuir esa dependencia al 50 %.
Pero reducirla todavía más requeriría considerar los yacimientos no convencionales "de manera responsable”, señaló Sheinbaum.
La evaluación ha generado críticas de organizaciones ambientales y comunidades, que advierten sobre el consumo de agua, la contaminación de acuíferos, las emisiones de metano y la actividad sísmica asociada con la técnica.
Durante su campaña presidencial de 2024, Sheinbaum prometió que “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del 'fracking'”.
Su Gobierno abrió desde abril la posibilidad de utilizar la técnica con nuevas tecnologías, por lo que creó un comité conformado por 54 expertos, con el objetivo de tomar decisiones basadas en evidencia científica y sin comprometer el medioambiente ni a las comunidades.