En un contacto con los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz, Espinoza lamentó la censura y aseguró que justificó su "ausencia" ante el Parlamento, que lo convocó esta jornada a un acto de interpelación sobre la "gestión pública, la política monetaria y planificación macroeconómica" del Estado.
Espinoza alegó que la Constitución boliviana "establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la Asamblea" y que fue censurado con "dos tercios de los presentes" en la sesión.
"Yo me voy a apegar a lo que dice la Constitución y consultaremos al Tribunal Constitucional si la decisión que ha tomado la Asamblea hoy día es constitucional o no", afirmó.
El ministro también consideró que la censura responde a un "nivel de politización" que "ya es extremo" e indicó que seguirá avanzando en el trabajo que le encomendó el presidente del país, Rodrigo Paz.
También justificó que "lamentablemente las agendas de trabajo" de las autoridades "muchas veces chocan con los tiempos" planteados en el Parlamento e insistió en que su posible destitución dependerá "del Tribunal Constitucional".
Espinoza pidió reprogramar la interpelación al argumentar que tenía previstos viajes a Santa Cruz y a Brasil para atender asuntos oficiales, pero los legisladores rechazaron su solicitud y 91 de los 129 parlamentarios presentes en la sesión votaron a favor de censurarlo.
La diputada opositora Elena Pachacute, de la alianza Libre del expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), dijo a los medios que la censura al ministro "no es una revancha política", sino que "es el resultado de una interpelación" en la que se exigió "respuestas y responsabilidades frente a una crisis económica que está golpeando a todos los bolivianos".
"El mensaje político es contundente, este ministro ha perdido la confianza del Órgano Legislativo y debe asumir las consecuencias, Bolivia necesita ministros que están a la altura del momento histórico que vivimos, ministros que trabajen, que den respuestas que conozcan la realidad del pueblo boliviano", sostuvo Pachacute.
La censura supondría la destitución del ministro, según establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Asimismo, la Ley 1350, que regula los efectos de la censura, establece que, una vez esta sea resuelta y comunicada formalmente al presidente, este deberá destituir al ministro censurado en un plazo máximo de 24 horas.
No obstante, en anteriores censuras parlamentarias, los entonces presidentes Luis Arce (2020-2025) y Jeanine Áñez (2019-2020) destituyeron a ministros para luego restituirlos en sus cargos, una práctica cuestionada por críticos que consideraron que vulneraba el carácter vinculante de este mecanismo constitucional.