El dato surge de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), al que accedió este martes EFE, que reconstruyó la serie presupuestaria. Según el documento, en 2026 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispone de unos 563.000 millones de pesos (368 millones de dólares), frente a los 2,7 billones de pesos (1.765 millones de dólares) que ejecutó en 2023, antes de la llegada de Milei al Gobierno.
"En 2026 tenemos el nivel más bajo al menos desde 1995. Vemos que no estamos en una reducción marginal, sino que se está dando un cambio profundo en la política vial nacional", explicó a EFE Natán Spollansky, economista e integrante del programa de Justicia Distributiva de ACIJ.
El especialista advirtió que la reducción presupuestaria afecta la capacidad del Estado para conservar y reparar las carreteras y que el deterioro puede derivar en obras más costosas.
“Esto va a tener consecuencias que van más allá del estado del pavimento. Las rutas (carreteras) tiene una función económica, también de conectar a las personas, el turismo”, afirmó Spollansky, quien alertó sobre un posible aumento de los costos logísticos y de los riesgos para quienes las utilizan.
El ajuste también presenta fuertes diferencias entre las provincias argentinas. Entre 2023 y 2025, el gasto vial cayó cerca de un 85 % en Buenos Aires y Chubut, un 83 % en Chaco, un 77 % en Formosa, un 73 % en Santa Fe y un 72 % en Córdoba.
Según Spollansky, esta distribución puede provocar una “profundización de desigualdades territoriales”, ya que las provincias con menor capacidad fiscal tienen más dificultades para asumir el mantenimiento y la construcción de rutas que deja de realizar la Nación.
La caída de los recursos se produce en un contexto de creciente deterioro de la red vial: el 57,5 % de los kilómetros relevados por la DNV se encuentra en estado malo o regular.
Los gobernadores de Neuquén, Chubut, Jujuy y Salta reclamaron el pasado jueves al Gobierno nacional mayores inversiones en infraestructura para acompañar el crecimiento de los sectores petrolero y minero, entre las demandas destacaron la necesidad de mejorar las carreteras nacionales.
El recorte coincide con el avance del Gobierno en su estrategia de concesionar la red vial. El Ejecutivo adjudicó este lunes más de 3.900 kilómetros de carreteras nacionales a empresas privadas, distribuidos en ocho corredores estratégicos por un plazo de 20 años, con lo que asegura haber completado la concesión de más de 9.000 kilómetros.