El referéndum se realizará el 27 de septiembre, aunque la gran mayoría emite su voto por correo y apenas unos pocos acuden a los locales de votación que abren ese mismo día solo por la mañana.
La campaña previa se sigue con atención desde Rusia, ya que son las medidas tomadas por Suiza hacia ese país por su agresión contra Ucrania las que han empujado a medios de la derecha populista a lanzar esta iniciativa.
En concreto, se propone que en la Constitución -en la que el principio de neutralidad está inscrito desde 1848- se establezca una neutralidad perpetua y armada, la prohibición explícita de entrar en alianzas militares, la limitación de la cooperación militar y, sobre todo, la prohibición de adoptar sanciones contra Estados beligerantes, salvo aquellas que apruebe la ONU.
Desde 2022 -año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania- Suiza se ha alineado con los paquetes de sanciones emitidos por la Unión Europea (UE) contra Rusia, y actualmente 2.790 personas o entidades vinculadas al conflicto están sujetas al bloqueo de sus activos en territorio suizo.
Además, el año pasado Suiza firmó la convención que establecía la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, lo que implica su participación en una estructura cuyo objetivo es establecer la responsabilidad económica de Rusia por los daños ocasionados a Ucrania, lo que el Gobierno suizo justificó como una contribución a la rendición de cuentas y a la paz duradera.
Otro elemento al que aluden los promotores del referéndum, como supuesta evidencia de que la neutralidad suiza se resquebraja, es que Suiza participa desde 1996 en el Programa de Asociación para la Paz, que permite a los países que no son miembros de la OTAN mantener una cooperación bilateral con esta alianza a través de ejercicios y actividades de entrenamiento.
Para Rusia, todo esto demuestra que Suiza ya no puede ofrecer sus "buenos oficios" porque ha dejado de ser un lugar neutral, por lo cual -entre otras cosas- se ha negado a aceptar que este país vuelva a acoger negociaciones de paz o encuentros diplomáticos de alto nivel en este país en los que esté involucrado, como solía suceder antes de la guerra con Ucrania.
A mediados de 2024, Suiza organizó una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania, a la que la Rusia no fue invitada, tras lo cual el portavoz del presidente Vladímir Putin dijo que "en el conflicto con Ucrania (Suiza) ha perdido considerablemente su neutralidad".
Recientemente, el embajador ruso en Suiza, Sergei Garmonin, sostuvo que "la neutralidad suiza es cosa del pasado" porque "no es imparcial y su política exterior es hostil hacia Rusia", mientras que la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, Maria Zajarova, criticó al Gobierno suizo por oponerse a la iniciativa sobre la neutralidad.
En efecto, el Gobierno federal, que forman las principales fuerzas políticas del país y que actúa de forma colegiada, así como el Parlamento, recomiendan a los ciudadanos escribir un "NO" en la cédula de votación.
Su argumento es que la neutralidad, tal como está inscrita actualmente en la Constitución, ofrece a las autoridades el margen de maniobra que se necesita para defender los intereses de Suiza en un mundo en el que la seguridad se deteriora constantemente.
El Ejecutivo y Legislativo van más allá en su argumentario y sostienen que, de ser aprobada, la iniciativa "reduciría la capacidad del país para preservar su seguridad e independencia" y "complicaría la cooperación en materia de seguridad".
"Suiza no puede permitirse esperar a ser atacada para empezar a cooperar, como prevé la iniciativa. Las consecuencias para la seguridad de Suiza serían graves", sostienen esos dos poderes del Estado.
En el sector opuesto, los partidarios de la iniciativa exigen una "neutralidad absoluta", que no pueda ser materia de interpretación por parte de las instituciones públicas en función de las circunstancias políticas exteriores, lo que evitaría que el pequeño país centroeuropeo sea arrastrado sin quererlo a una guerra.
Desde su punto de vista, la aprobación del texto también "protegería" a Suiza de un acercamiento más marcado con la OTAN e impediría que se alineara con alguno de los bandos en un conflicto, al excluirse la posibilidad de que se adopten sanciones contra un Estado beligerante.