El estudio, 'Revisión de la política fiscal: Perú 2026', fue presentado esta semana en Lima y expone que la baja presión tributaria se debe a los altos niveles de informalidad laboral y empresarial, deficiencias en el cumplimiento tributario y el uso de gastos tributarios para alcanzar objetivos políticos que podrían lograrse mediante el gasto público.
Señala que, pese a tres décadas de "sólido crecimiento económico", Perú no ha logrado generar un aumento sostenido de su ratio de recaudación tributaria respecto al PIB, una cifra que en 2024 se situó en el 16,3 %, un nivel bajo según los estándares internacionales, inferior a la de todos los países de la OCDE y por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (22 %).
"Las reformas deben centrarse en restablecer el vínculo entre el crecimiento económico y la recaudación fiscal. Esto implica ampliar la base imponible e incorporar a más empresas y trabajadores al alcance del sistema tributario, así como mejorar el diseño de los impuestos", indicó.
Entre las prioridades, la OCDE subraya el racionalizar los gastos tributarios generalizados, como la tasa reducida del impuesto sobre la renta de las empresas para el sector agrícola y la tasa reducida del IVA para hoteles y restaurantes, gravar las rentas del capital a tasas ligeramente más altas y reducir el elevado mínimo exento aplicable a las rentas del trabajo.
Por ejemplo, detalló que el diseño del sistema peruano de devolución de aranceles para agroexportadoras, conocido como 'duty drawback', "da lugar a reembolsos que superan sustancialmente los aranceles pagados, alejándose así de su objetivo de política original".
Indicó que Perú calcula las devoluciones de exportadoras como un porcentaje fijo del valor de exportación y dicha tasa fija "ha superado con frecuencia la incidencia arancelaria efectiva, lo que ha derivado en una compensación excesiva significativa".
"Una contribución más sólida de este sector podría constituir una fuente de ingresos contracíclica, ayudando a estabilizar la relación entre la recaudación fiscal y el PIB durante las caídas de los precios de las materias primas", agregó.
Señaló que a corto plazo, esta problemática en el sector podría resolverse mediante un decreto supremo que reduzca la tasa de devolución, a la espera de una reforma legislativa que limite dichas devoluciones a los aranceles pagados directamente por los insumos importados.
Otro ejemplo de estos beneficios, explicó, es la Ley 32434 que prorroga hasta 2035 la tasa reducida del 15 % del impuesto sobre sociedades para las grandes empresas agrícolas.
"Eliminar esta tasa reducida contribuiría a movilizar ingresos adicionales muy necesarios y a fomentar unas condiciones de competencia más equitativas", añadió la OCDE.
En ese sentido, expuso que aunque los incentivos fiscales pueden fomentar la inversión en determinadas circunstancias, una dependencia excesiva de tales medidas conlleva el riesgo de erosionar la base imponible sin resolver las limitaciones subyacentes que afectan a la inversión y al crecimiento.
"Los regímenes especiales y los gastos tributarios destinados a apoyar a los pequeños y medianos contribuyentes suelen ser excesivamente generosos y poco eficaces para fomentar la formalización", reza el informe.