La catástrofe golpeó el condado tibetano de Gyirong, fronterizo con Nepal, y volvió a poner el foco sobre una región del Himalaya que limita también con India y Bután y que resulta especialmente sensible para Pekín por sus disputas fronterizas con Nueva Delhi, la sucesión del dalái lama y su creciente importancia hidroeléctrica.
El actual encaje político del Tíbet se remonta a la entrada de las tropas comunistas en 1950 y al denominado 'Acuerdo de 17 puntos' firmado un año después, que China presenta como su "liberación pacífica".
En 1959, tras el fracaso de un levantamiento contra el poder chino, el dalái lama huyó a la India, donde continúa residiendo, y el territorio quedó constituido formalmente como Región Autónoma del Tíbet en 1965.
China presenta ese estatus como garantía de participación política y preservación de la identidad cultural, mientras activistas tibetanos y organizaciones de derechos humanos denuncian políticas de asimilación y restricciones a la libertad religiosa.
Los extranjeros necesitan permisos adicionales para entrar en el Tíbet y los periodistas internacionales no pueden viajar libremente a la región para informar, sino que dependen de autorizaciones de las autoridades, lo que dificulta la verificación independiente de la situación sobre el terreno.
En los últimos años, Pekín ha reforzado además las políticas destinadas a promover una identidad nacional común, con medidas como la retirada del tibetano como materia obligatoria del examen nacional de acceso a la universidad, aunque el Gobierno regional asegura que continúa siendo una asignatura principal en la enseñanza primaria y secundaria.
A ello se suma una nueva legislación sobre unidad étnica, en vigor desde el pasado 1 de julio y defendida por Pekín como instrumento para fomentar la integración entre los distintos grupos del país, mientras el Gobierno tibetano en el exilio denuncia que acelera la asimilación cultural.
El control religioso tiene uno de sus principales focos en la futura sucesión del dalái lama, quien cumplió 91 años el pasado 6 de julio y que un año antes, con motivo de su 90 cumpleaños, confirmó que la institución continuará tras su muerte y que la responsabilidad de reconocer a su futura reencarnación corresponderá exclusivamente a su fundación.
Pekín sostiene, por el contrario, que la elección de su sucesor debe cumplir la legislación china y recibir la aprobación del Gobierno central, lo que abre la posibilidad de dos figuras rivales reconocidas por China y el movimiento tibetano en el exilio.
La importancia del territorio es también estratégica por su extensa frontera con India, que incluye áreas disputadas por Pekín y Nueva Delhi, y porque en la meseta tibetana nacen algunos de los principales ríos de Asia.
China comenzó además en julio la construcción en el Tíbet de la que proyecta como mayor central hidroeléctrica del mundo, sobre el Yarlung Tsangpo, que se convierte en el Brahmaputra al entrar en India, una obra que ha suscitado preocupación en Nueva Delhi y Daca.