Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), fueron procesadas sin prisión preventiva por considerarlas "partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 90 personas" y afectó gravemente a otras 43.
Dos lotes de ampollas de fentanilo contaminadas con dos bacterias ultrarresistentes que fueron administradas a pacientes de unidades de cuidados intensivos (UCI) en distintos puntos del país produjeron, entre abril y mayo de 2025, una tragedia sanitaria en Argentina.
Los laboratorios a cargo de la producción del medicamento, HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., registraban al momento de la tragedia un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales.
"Mantecón Fumadó y Bisio, a total sabiendas de lo que ocurría con los laboratorios, omitieron tomar decisiones correctivas y sancionatorias necesarias, idóneas y oportunas en aras de proteger la salud de la población", expresó el juez a cargo de la investigación, Ernesto Kreplak, en el procesamiento, al que accedió EFE.
En el escrito se dispuso además una inhibición general de bienes y un embargo por el monto de 500.000 millones de pesos (unos 326.000 dólares) sobre las funcionarias.
En cuanto a la extitular de la INAME, Kreplak detectó "una conducta constante que se mantuvo en el tiempo, de total tolerancia respecto del sinfín de alertas y reportes llegados a su conocimiento producto de irregularidades significativas acaecidas en ambos laboratorios".
El juez puntualizó conductas que van "desde la dilación para disponer inspecciones ineludibles, hasta la omisión en la publicación de retiros de mercado de productos, o incluso la existencia de un canal de comunicación informal para 'negociar' o realizar acuerdos con los responsables de ambas sedes".
Con respecto a la ANMAT, órgano bajo la órbita del Ministerio de Salud y del cual depende la INAME, consideró que "la omisión en la toma de decisiones sancionatorias ante los escandalosos incumplimientos por parte de las firmas denota el manto de cobertura estatal otorgado por la nombrada".
En agosto de 2025, el juez a cargo de la investigación, Ernesto Kreplak, revocó al Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, el rol de querellante en la causa.
Ese mes el Ejecutivo separó de su cargo a Mantecón Fumadó, designada durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), aunque mantuvo en funciones a Bisio, quien finalmente renunció a su cargo este enero de 2026 alegando "razones personales".
Al momento son 19 las personas procesadas por esta tragedia sanitaria, entre las que se encuentran el dueño de los laboratorios, Ariel García, así como algunos de los altos mandos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
El juez Kreplak envío al Cuerpo Médico Forense un total de 159 casos sospechosos -111 muertes y 48 infecciones- para su análisis, pero no todos pudieron acreditarse correctamente.
Fuentes judiciales explicaron a EFE que debido a la naturaleza del caso el número total de muertes es prácticamente imposible de determinar.