Así lo afirma la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Sudán en un informe que ha hecho público hoy y en el que expone evidencia de la existencia de redes transnacionales que están proporcionando combatientes, armas, munición, tecnología militar y apoyo logístico a las partes enfrentadas, alimentando así este conflicto.
La información recogida indica que los contratistas militares colombianos operaron directamente drones de combate, artillería y armamento avanzado junto a unidades de las FAR en Darfur y Kordofán.
Asimismo hay evidencia "que permite creer que el Ejército de Sudán ha utilizado drones suministrados desde el extranjero en sus operaciones que causaron daños a civiles y bienes de carácter civil".
La misión también identificó una red en la que empresas privadas, intermediarios logísticos y reclutadores con operaciones en países como Colombia y Emiratos Árabes Unidos utilizaron puntos de tránsito en Chad, el sureste de Libia y Bosaso (Somalia) para facilitar el traslado de personal, entrenamiento, armas y suministros a las FAR.
La misión considera que los ataques documentados constituyen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que algunos pueden constituir crímenes de guerra.
Asimismo, recordó que los Estados vinculados a estas cadenas de suministro tienen la obligación legal de actuar con la debida diligencia, investigar y detener las redes ilícitas de mercenarios y suministro que operen desde sus territorios o a través de ellos.
"La rendición de cuentas no puede detenerse en quienes ejecutan los ataques", afirmó la experta de la misión Joy Ngozi Ezeilo, quien reclamó investigar toda la cadena de responsabilidad, incluidos quienes ordenan, financian, suministran o facilitan los crímenes internacionales.