El proyecto, denominado Lucha contra la Infiltración Extranjera, obligaría a los iraníes a declarar y registrar sus actividades con extranjeros y a obtener autorización previa a través de un sistema en línea, en el que tendrían un papel central el Ministerio de Inteligencia y la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
La medida abarcaría desde contactos con medios extranjeros y cooperación científica y académica hasta publicaciones, conferencias y actividades culturales.
La misión advirtió de que el texto podría criminalizar actividades cotidianas como escribir artículos o libros, compartir análisis o datos, colaborar con instituciones científicas extranjeras o participar en talleres y congresos (en persona o en línea).
Según la ONU, estas disposiciones amenazan derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, asociación, educación y a la participación en la vida cultural.
Otros expertos de la ONU han denunciado en los últimos meses detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en el contexto de las protestas, además de restricciones a las comunicaciones y a la actividad de periodistas y defensores de los derechos humanos.