El fiscal general de Portugal, Amadeu Guerra, precisó este jueves que están abiertos tres procedimientos penales, una actuación en el Tribunal de Cuentas y otra investigación de naturaleza administrativa, aunque hasta el momento no se ha informado de ninguna acusación formal contra Neves.
Dos de las investigaciones penales han sido calificadas como urgentes y continuaron tramitándose durante las vacaciones judiciales: la relacionada con el traslado de un remolque intervenido en una operación antidroga y la que analiza las obras realizadas en una propiedad del ministro en Odemira, en el sur de Portugal.
El primero de esos expedientes, instruido por el Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa, busca aclarar cómo un remolque decomisado por la PJ y que contenía productos químicos empleados para fabricar drogas terminó en las instalaciones de Construbarcelos, una empresa perteneciente a un constructor amigo de Neves.
El diario Correio da Manhã publicó en julio, en una información presentada como exclusiva, que la salida del remolque había sido autorizada por Neves cuando dirigía la Policía Judicial y que parte de los productos químicos había desaparecido.
El ministro sostuvo posteriormente que el traslado fue una decisión de gestión destinada a ahorrar al Estado los elevados costes de destrucción y almacenamiento de los materiales, y negó que el empresario recibiera alguna contraprestación.
Sin embargo, una investigación conjunta del semanario Nascer do Sol y de los canales TVI y CNN Portugal, difundida en agosto, aseguró haber tenido acceso a correos internos de la dirección de la PJ que cuestionaban que el presupuesto de unos 150.000 euros invocado por Neves correspondiera exclusivamente a los productos depositados en el remolque.
El segundo procedimiento penal que la Fiscalía considera urgente, abierto en Évora, se centra en las obras efectuadas por Construbarcelos en una propiedad de Neves en São Teotónio, en el municipio de Odemira.
El caso comenzó el pasado 10 de julio con una exclusiva de Nascer do Sol, que reveló que Neves había contratado para esas obras privadas al mismo empresario que recibió adjudicaciones de la Policía Judicial por cerca de dos millones de euros mientras él dirigía el cuerpo.
La Cámara Municipal de Odemira confirmó después que no constaba ningún procedimiento de licencia o comunicación previa para las intervenciones y abrió averiguaciones sobre su legalidad.
Neves ha negado cualquier trato de favor, sostiene que la mayor parte de los contratos de Construbarcelos con la PJ se adjudicaron antes de que conociera personalmente al empresario y asegura que las obras privadas fueron cobradas a precios de mercado. El ministro admitió, no obstante, errores de apreciación y fallos administrativos, pero rechazó haber cometido delitos u obtenido beneficios indebidos.
La tercera investigación penal, también tramitada en Lisboa, examina el uso por Neves de un Volkswagen Golf que había sido intervenido a un narcotraficante y cedido posteriormente a la Policía Judicial.
La utilización personal de ese vehículo fue revelada en otra información conjunta de Nascer do Sol, TVI y CNN Portugal. Neves respondió que se trataba de un automóvil de servicio cedido legalmente y que disponer de él le permitía atender con rapidez situaciones urgentes relacionadas con sus funciones.
A los tres procedimientos penales se suman una averiguación administrativa en el Tribunal Administrativo y Fiscal de Beja, igualmente vinculada a la propiedad de Odemira, y un procedimiento por infracción en el Tribunal de Cuentas derivado de una auditoría de 2023.
La Inspección General de los Servicios de Justicia realiza además una auditoría al funcionamiento de la Policía Judicial, cuyas conclusiones se esperan antes de finalizar el año. Esta actuación institucional es distinta de las investigaciones penales y no constituye por sí misma un procedimiento criminal o disciplinario contra el ministro.
El fiscal general aseguró que los expedientes se tramitan sin diferencias por el cargo que ocupa Neves y manifestó la intención de concluirlos cuanto antes, aunque evitó fijar un plazo.
El ministro afirmó que acoge favorablemente todas las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y restablecer la verdad, mientras el primer ministro, Luís Montenegro, mantiene su confianza en él y rechaza las exigencias de dimisión.
La controversia llegará el próximo martes al Parlamento, que debatirá una moción de censura presentada por Chega contra todo el Ejecutivo por la decisión de Montenegro de mantener a Neves en el cargo.
El líder de Chega, André Ventura, considera que las sospechas han provocado una situación de insostenibilidad ética e institucional y acusa al primer ministro de comprometer la autoridad del Estado.
La iniciativa, sin embargo, previsiblemente será rechazada porque el Partido Socialista y la liberal Iniciativa Liberal ya han anunciado que votarán en contra, aunque ambos mantienen sus críticas a Neves y exigen nuevos esclarecimientos.
Chega pretende impulsar también una comisión parlamentaria de investigación sobre los ocho años de Neves al frente de la PJ. El presidente de la Asamblea, José Pedro Aguiar-Branco, ha pedido al partido que concrete y reformule su objeto, por considerar excesivamente amplio el requerimiento presentado.
Neves, que dirigió la Policía Judicial entre 2018 y febrero de 2026, se niega a dimitir y atribuye la ofensiva política a una estrategia de Chega para desgastarlo.