La visita comenzó con reuniones con autoridades nacionales en Lima, antes de viajar hasta la localidad de Santa María de Nieva, desde donde recorrerán las comunidades indígenas de los municipios del Cenepa y Río Santiago, donde desde hace más de una década hay una alta incidencia de denuncias de violaciones a niñas indígenas ligadas a familiares y docentes de estas zonas rurales de la Amazonía peruana.
Esta situación contra menores de los pueblos indígenas awajún y wampis en esta provincia amazónica causó indignación a nivel nacional cuando recientemente el ministro de Educación, Morgan Quero, llegó a justificar la situación con "prácticas culturales".
De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sus servicios especializados han atendido 556 casos de violencia en la provincia de Condorcanqui desde el inicio del año, de los que el 62,6 % tiene como víctimas a menores de edad.
Durante el acto de bienvenida a las expertas del Mesecvi, la jueza suprema Elvia Barrios, incidió en que "el embarazo adolescente (en Condorcanqui) alcanzó en 2024 una prevalencia del 14,5% entre adolescentes de 15 a 19 años, frente al 9,2 nacional".
"A eso de suma las denuncias contra docentes y administrativos por violencia sexual en los últimos años en un contexto donde algunos casos se están conociendo, mientras que otros no tienen respuesta urgente", apuntó la magistrada.
Barrios detalló que, a través del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) se han emitido en Condorcanqui un total de 630 medidas de protección y 62 condenas, lo que "es un avance, pero todavía falta".
"La justicia no se garantiza creando órganos jurisdiccionales, ni aprobando normas o dictando resoluciones. La justicia se garantiza cuando llega efectivamente a las personas, y en territorios amazónicos significa comprender las distancias, las lenguas, la cultura y las múltiples desigualdades que enfrenta una niña indígena", explicó.
Barrios reclamó "una justicia que ponga las víctimas en el centro y que evite su revictimización" y apuntó a ser "firmes incluso ante cualquier involucramiento de operadores de justicia en hechos de violencia".
Por su parte, la vicepresidenta del Comité de Expertas del Mesecvi, la chilena Mónica Maurera, detalló que su misión es "analizar, estudiar y diagnosticar en qué consisten estas barreras para la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia hacia mujeres y niñas".
No obstante, apuntó que la labor del grupo "no es solo venir a levantar recomendaciones y generar un plan de trabajo conjunto, sino establecer puentes de trabajo para que estas voluntades puedan converger y establecer soluciones concretas".
En ese sentido, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mara Seminario, hizo un llamado a los operadores de justicia a garantizar sentencias oportunas y fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones, con resultados concretos y sostenibles que permitan atender a tiempo y cuidar con dignidad.
De su lado, la diputada fujimorista Flor Meza señaló que "el caso Condorcanqui debe dejar de ser utilizado como herramienta política", y señaló que "desde el Parlamento, debemos impulsar medidas concretas para fortalecer la prevención, garantizar una protección efectiva y asegurar justicia oportuna, con sanciones firmes para los agresores".