"Esta medida representa un paso importante para traducir el derecho internacional y la legitimidad internacional en acciones concretas contra el negocio de los asentamientos", aseguró el Ministerio palestino de Exteriores y Expatriados en un comunicado.
Además, el Ministerio pide al resto de países "seguir este ejemplo" y poner "fin al comercio y a las inversiones vinculados a ellos (los asentamientos), y exigiendo responsabilidades a los colonos y a las entidades implicadas en actos de terrorismo contra los palestinos".
"Proteger la solución de dos Estados requiere algo más que declaraciones políticas; exige medidas decisivas para aislar al negocio de los asentamientos, acabar con la impunidad y defender el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", concluye el comunicado.
La decisión del gobierno de Andy Burnham coincide con la declaración de doce países en el que expresaron su preocupación por el deterioro de la situación en Cisjordania y anunciaron su intención de restringir el comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales bajo el derecho internacional.
En esta declaración conjunta, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia afirmaron que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos están poniendo en riesgo la posibilidad de alcanzar una solución de dos Estados.
Francia, Reino Unido y Canadá señalaron que propondrán medidas nacionales para prohibir el comercio de bienes procedentes de los asentamientos, y reconocieron las iniciativas adoptadas previamente por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica en este ámbito.
Como respuesta, el Gobierno israelí anunció este martes una serie de "contramedidas" contra el Reino Unido, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén.