"He estado y estoy del lado de las víctimas (...) Si estamos hoy aquí ante ustedes, es porque nuestras instituciones, a pesar de las medidas adoptadas, han fallado en la protección de nuestros niños. Es un fracaso colectivo. Tenemos un deber de verdad", declaró la hispanofrancesa Hidalgo, en la comisión de investigación lanzada por el Senado francés.
El llamado escándalo de las actividades extraescolares en París estalló a finales de 2025, a pocos meses del final del segundo mandato de Hidalgo, y ha conducido a la suspensión preventiva de 52 animadores por sospechas de abusos infantiles.
Los casos juzgados que han terminado en severas condenas han sido pocos, aunque el último de ellos, anunciado este mismo martes, ha sido especialmente llamativo: un hombre de 39 años ha resultado condenado a cinco años de cárcel, uno de ellos en firme.
La antigua primera edil defendió las iniciativas que llevó a cabo para prevenir y frenar los casos y asumió que "todo alcalde es responsable del buen funcionamiento de sus administraciones".
"Pero todo alcalde no es responsable de los comportamientos, incluidos los individuales, que han sido, por ejemplo, el incumplimiento de las consignas que se hubieran dado", abundó.
Ante las cuestiones de los senadores, la exresponsable municipal reconoció que "el número de víctimas es intolerable, inaceptable en una institución como el Ayuntamiento de París".
No obstante, pidió respeto por "lo que se ha hecho" por parte de sus servicios para prevenir y denunciar estas violencias, aunque fuera "insuficiente".
También compareció en el Senado, el que fuera responsable de Educación y teniente alcalde de Hidalgo, Patrick Bloche.
"Quisiera que supieran que sigo, seis meses después del final de mi mandato, profundamente afectado por lo que pasó. La situación de crisis que me vi obligado a gestionar y un profundo dolor arraigado en mi cabeza y en mi cuerpo. Los arrepentimientos son inmensos, sí", manifestó Bloche.
El sucesor de Hidalgo en el palacio del Hotel de Ville, el también socialista Emmanuel Grégoire, fijó la prevención de la violencia contra los niños en las actividades extraescolares como una de sus prioridades para su mandato de siete años.
A los pocos días de tomar posesión, anunció un plan cifrado en 20 millones de euros con la meta de mejorar los procesos de contratación de los animadores, que son responsabilidad del Consistorio (mientras que el de los profesores corresponde al Estado francés).
Ese plan busca establecer nuevos protocolos para evitar que los niños estén solos con los monitores, y agilizar la recogida de denuncias, tanto de los padres como de los propios menores.
Se estima que en todo París hay entre 5.000 y 6.000 monitores, con bajas remuneraciones y alta rotatividad, para unos 130.000 menores.