Una amplia redada policial contra asociaciones, activistas y locales de ocio del ambiente homosexual, realizada el domingo bajo el nombre 'Mi familia está segura', resultó en la investigación de 162 sospechosos y la detención de unas 70 personas, entre ellas 26 en Estambul y 18 en Esmirna, donde un tribunal ya decretó el lunes el ingreso en prisión preventiva de 16 detenidos.
Numerosos activistas se reunieron este martes ante el Palacio de la Justicia de Estambul para protestar por las detenciones, con pancartas que rezaban 'Ser LGBTI y organizarse no es un delito. Libertad para nuestros compañeros', y leyeron un manifiesto por la liberación de los detenidos.
La policía procedió a disolver la protesta y practicó numerosas detenciones, arrestando a un total de unos 80 manifestantes, según la Asociación de Juristas Progresistas (ÇHD), mientras que el diario Cumhuriyet habla de unos 90 detenidos.
Según el periódico BirGün, una de sus reporteras y un empleado turco de la cadena alemana de televisión ARD se encuentran entre los detenidos hoy.
Ayer mismo, la Justicia turca había ordenado, además, el bloqueo de una veintena de cuentas en la red social X tanto de activistas LGBTI como de feministas y grupos de derechos humanos, además de impedir el acceso a la web de la asociación KAOS GL, una de las mas antiguas y prestigiosas de Turquía en la defensa de los derechos del colectivo LGBTI.
El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O'Flaherty, expresó en un comunicado difundido este martes su "preocupación" por "las noticias sobre una serie de detenciones, redadas y el bloqueo de páginas web y cuentas en redes sociales de la sociedad civil LGBTI y activistas de derechos humanos en toda Turquía".
Recordó que "las organizaciones LGBTI llevan a cabo un trabajo de derechos humanos" expresamente protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que Turquía es parte, y que "una simple referencia a 'valores de la familia' o 'protección de la infancia' no puede servir como justificación legal para restringir los derechos humanos".
O'Flaherty pidió a las autoridades turcas "poner en libertad a toda persona detenida por participar en un trabajo de sociedad civil o (de defensa de) derechos humanos y garantizar procesos judiciales justos".
La homosexualidad es legal en Turquía desde 1858, pero la Fiscalía acusa a los detenidos de difundir "contenidos obscenos" o de "facilitar la prostitución".