La referida sala declaró fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Kuczynski, después de aplicar los criterios del Tribunal Constitucional (TC) en los casos de presuntos aportes irregulares de la actual mandataria Keiko Fujimori y del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).
El TC consideró atípicos los hechos imputados, correspondientes a una modalidad de receptación patrimonial no tipificada al momento de los hechos e incorporada por un Decreto Legislativo, vigente desde noviembre de 2016, después de la campaña electoral de ese año.
La Fiscalía le atribuía a Kuczynski, que ha estado en prisión domiciliaria en los últimos tres años, haber financiado su última campaña electoral de 2016 con falsos aportantes, recaudación de fondos mediante cenas, préstamos de dinero del mismo candidato a su partido político y transferencias de dinero a los tesoreros de campaña.
En ese sentido, el Ministerio Público añadió el delito de organización criminal en la campaña del partido Peruanos por el Kambio (PPK), las iniciales por las que es conocido el exmandatario de 87 años.
Con esta decisión, la Sala de Apelaciones también ordenó anular los antecedentes penales y judiciales del imputado.
En mayo pasado, el magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la primera campaña electoral del exmandatario en 2011, que se mantenía abierta desde hacía casi diez años, cuando a finales de 2016 saltó a la luz el caso Odebrecht.
Kuczynski, que era presidente de Perú en el momento que se reveló el escándalo de corrupción de Odebrecht, recibió presuntamente 300.000 dólares para financiar su campaña electoral de 2011, procedentes de la Caja B de la empresa brasileña, destinada a pagos ilícitos e irregulares, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía peruana.
Sin embargo, el juez consideró necesario archivar la causa a tenor de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la acusación contra Fujimori en un caso similar de financiación irregular de sus campañas.
La actual mandataria estuvo en prisión preventiva en dos periodos distintos que sumaron cerca de año y medio antes de salir libre y verse beneficiada por el Tribunal Constitucional antes de que fuese condenada a prisión como le sucedió a Humala.
A su vez, a Humala le tocó pasar diez meses en prisión preventiva, mientras su partido era incluido en la investigación, su casa incautada y sus cuentas bancarias congeladas por disposición de Concepción Carhuancho.
No obstante, este viernes, el máximo órgano de la judicatura peruana cesó a Concepción Carhuancho mediante un procedimiento disciplinario al considerar que dilató los plazos de notificación escrita y de apelación en una prisión preventiva dictada contra otro investigado.