"La destrucción del bosque que se ha dado en Honduras es por incendios forestales y por cambio de suelo, no es posible en un bosque de conífera sembrar café porque la calidad del suelo para el pino es muy pobre", dijo a EFE Remo Memoli, gerente general del Aserradero Sansone, una empresa creada en 1957.
En este contexto Honduras, prácticamente ya no exporta madera. En el caso de Sansone, propietaria de unas 50.000 hectáreas, solo la plaga del gorgojo descortezador causó a la empresa en 2015 la pérdidas por 800.000 metros cúbicos de madera de pino, el doble de los cortados el año pasado.
En opinión de Memoli, el panorama forestal de Honduras no es tan favorable, "pero manejando el bosque debidamente puede haber un futuro halagador" porque el suelo boscoso, entre coníferas y latifoliados, representa el 55 % del territorio nacional, que tiene una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados.
En coníferas, Honduras tiene 1,9 millones de hectáreas que si crecieran un metro cúbico cada una significaría 1,9 millones de metros cúbicos por año, para una industria de aserradero primario que anualmente requiere de un máximo de 800.000 metros cúbicos.
Los bosques también son afectados por la ganadería extensiva y la tala ilegal, además del cambio climático que "han provocado los países sumamente industrializados", señaló Memoli.
Solo este año le han robado a Sansone alrededor de 1.000 metros cúbicos de madera, algo "bastante significativo" para una empresa que cosecha unos 20.000 metros por año, afirmó el gerente, que denunció que hay industriales que "compran producto de procedencia ilegal".
Memoli considera que para frenar ese ilícito se necesita mayor presencia de la Policía, del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y de la Procuraduría General de la República, entre otras autoridades.
Al respecto, un funcionario de un organismo internacional que sigue de cerca la explotación de los bosques hondureños, que solicitó omitir su identidad, dijo a EFE que "la tala ilegal está ocurriendo sobre todo en bosques ejidales, que son propiedad de las alcaldías, y parques nacionales".
"Eso está generando un impacto altamente negativo en lo que antes fue el Movimiento Cooperativo Forestal", agregó el informante.
Agregó que producto de la tala ilegal, en los sectores de Talanga y Guaimaca, situados en el departamento de Francisco Morazán (centro), han surgido muchos aserraderos en los últimos años, "que podrían ser ilegales".
Ello, derivado en parte de "un erróneo plan de manejo de 100 hectáreas" que dejó el Gobierno que presidió Juan Orlando Hernández (2014-2022).
"Eso fue como abrir la puerta de par en par, porque legalmente en cuatro días podías cortar en menos de 100 hectáreas, de las que se pueden sacar cinco camiones de madera, lo que significa un negocio altamente rentable", dijo la misma fuente.
La tala ilegal representa un problema para el Instituto de Conservación Forestal, entre otras cosas porque dentro del organismo "hay funcionarios que torpedean las iniciativas de su titular para poner un alto a la ilegalidad", acotó.
Según la misma fuente, los que se dedican a la tala ilegal llegan instruidos a un bosque, cortan rápidamente los árboles, luego llegan otros individuos que los trasladan hasta los camiones que los llevan aserraderos clandestinos, "lo peor, con la complicidad de la Policía, que también cobra por ver y dejar pasar".
"Un cortador ilegal puede ganar hasta 10.000 lempiras (370 dólares) en una noche, mientras que la Policía del sector donde se producen los cortes, recibe una paga de seis veces más", enfatizó el informante.