La exministra y antigua militante del Partido Socialista francófono belga, de 59 años, no está relacionada con esta investigación, por la que tendrá que su hijo Ugo Lemaire, de 35 años, y otros veinte sospechosos tendrán que responder ante el Tribunal Correccional de Bruselas.
La vista se celebrará el próximo 5 de noviembre y abordará, entre otros, cargos de importación, exportación y transporte de estupefacientes; venta, oferta y entrega de drogas; posesión y adquisición de estupefacientes, y dirección de una organización criminal, confirmó la Fiscalía de Bruselas.
Según las fuentes citadas por 'DH Les Sports', Lemaire es uno de los dos sospechosos señalados como presuntos dirigentes de la organización.
La investigación comenzó en 2023 a partir del registro del domicilio de Marie Arena en Bruselas, efectuado en el marco de las pesquisas del "Catargate".
En el apartamento contiguo al de la entonces diputada europea, ocupado por su hijo, los investigadores encontraron cajas de plástico llenas de dinero en efectivo, sobres con billetes y dinero repartido por la vivienda, por un total de unos 280.000 euros.
El diario añade que los agentes también decomisaron dispositivos de seguimiento GPS, tres vehículos matriculados en Bélgica, España y Bulgaria, una pequeña cantidad de resina de cannabis, material informático y diversos documentos, además de un documento de identidad francés robado en Barcelona en 2019 en el que aparentemente figuraba el rostro de Ugo Lemaire.
El hijo de Arena, que fue vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y anteriormente ministra federal belga de Integración Social, había realizado una decena de viajes de ida y vuelta entre Bruselas y Barcelona entre 2018 y 2023.
Lemaire fue citado a declarar en diciembre de 2023 y ejerció su derecho a guardar silencio. En febrero de 2024 ingresó en prisión junto con otros cinco sospechosos por su presunta participación en el tráfico de cannabis entre España y Bélgica.
Marie Arena, por su parte, fue imputada en enero de 2025 por presunta participación en las actividades de una organización criminal en el marco del "Catargate" por presuntos sobornos de Catar, Marruecos y Mauritania a eurodiputados para que hicieran valer sus intereses.
La exeurodiputada ha negado tener conocimiento de actividades ilícitas.