Garcés, de 28 años, tuvo hoy una audiencia inicial, un día después de que el Gobierno presentara un cargo en su contra por presunta agresión a un agente federal y resistencia al arresto. Durante la vista judicial, el juez aceptó la petición del Gobierno de mantenerlo detenido sin fianza.
En una rueda de prensa tras la audiencia, la abogada defensora Kate Lincoln-Goldfinch señaló que la acusación contra Garcés forma parte de un patrón por parte del Gobierno para tomar "represalias" contra "las personas que cuestionan las acciones de los agentes federales".
Lincoln-Goldfinch y Danny Woodward, otro de los letrados que representa a Garcés, insistieron en su exigencia al Gobierno para que provea la atención médica "necesaria" al migrante, al que -aseguran - aún no se le ha retirado la bala que el agente disparó en su espalda.
"El Gobierno sigue jugando con la vida de nuestro cliente; se le ha negado una fianza y quiero insistir que un agente de ICE le disparó en la espalda y se le ha negado la asistencia médica urgente y necesaria", indicó Woodward.
Garcés "lleva diez días en condiciones deplorables, con el proyectil todavía alojado en la espalda. Es responsabilidad del Gobierno garantizar que reciba la cirugía que necesita para recuperarse", añadió.
Para la defensa, el objetivo es "mantener a Wilber con vida, lograr su liberación y exigir que los agentes y las agencias que le hicieron daño rindan cuentas", agregaron.
El Gobierno de Estados Unidos presentó cargos penales contra Garcés por presuntamente agredir y resistirse a un agente federal justo antes del mencionado incidente.
La fiscalía sostuvo que Garcés representa un riesgo de fuga, argumento que el juez acogió al negarle la fianza.
El pasado 20 de septiembre, el joven venezolano y repartidor de DoorDash, recibió un disparo tras una parada migratoria en el norte de Austin, Texas, durante una secuencia de hechos que difieren entre la acusación y la defensa.
Garcés llegó a EE.UU. en diciembre de 2023 a través de CBP One, una aplicación utilizada durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) para gestionar citas de migrantes que buscaban presentarse en puertos de entrada de la frontera sur.
El venezolano había solicitado asilo, pero un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia durante una audiencia a la que no se presentó, según relató Lincoln-Goldfinch.
En el año fiscal 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) remitió a fiscales federales 274 casos con posibles cargos por agresión, resistencia o interferencia con agentes federales bajo la sección 111 del título 18 del Código pertinente en Estados Unidos.
La cifra en mención es la más alta desde la creación del departamento y aproximadamente el doble del anterior máximo, registrado en 2019, según una investigación de la organización independiente 'Project For Government Oversight'.