La votación del proyecto de ley tuvo lugar en una sesión pública presidida por la Presidenta de la APN, Jalida Búfedech, y incluye la imposición de la pena de muerte a los "autores de delitos de incendio intencionado" cometidos "en beneficio de partes extranjeras".
El texto prevé además el recurso a la pena capital en caso de "secuestro de menores por cualquier medio" agravándose la pena, según la fuente, en caso de que el delito vaya acompañado de "tortura, agresión sexual o maltrato".
La agencia estatal informó que la modificación de la ley excluye todo recurso a "circunstancias atenuantes previstas en el Código Penal" para dichos delitos.
El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, había ordenado a finales del mes de agosto revisar la ley para "restablecer la pena de muerte con ejecución" para condenar a pirómanos, después de que doce personas fallecieran en el este y centro del país a causa de los incendios forestales "provocados".
Tebún solicitó al ministro de Justicia, Lotfi Boudjemaa, realizar una revisión legal "urgente" y "modificar el Código Penal antes del 15 de septiembre", para que la pena de muerte sea aplicada a "implicados en incendios intencionados, una vez agotadas todas las vías de recurso previstas en la ley", pero todavía no hay información sobre esta posible revisión legal.
El pasado 16 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) instó las autoridades argelinas a "abandonar de inmediato" su plan de reanudar la aplicación de la pena de muerte que supondría "un duro golpe" a los derechos humanos en el país.
La ONG llamó Argelia a adoptar una respuesta "basada en el respeto de los derechos humanos" para hacer frente a los recientes incendios forestales con garantía de apertura de "investigaciones efectivas" sobre todos los factores que provocaron las trágicas perdidas de vidas humanas y permitir la rendición de cuentas "sin recurrir a la pena de muerte".
La pena de muerte en Argelia, en moratoria desde 1993, volvió al debate parlamentario en julio de 2025, cuando el país aprobó su aplicación para casos graves relacionados con el tráfico de drogas, especialmente en entornos escolares. No obstante, desde entonces, no se hizo público ningún caso de ejecución de la pena máxima.