González Domingo, que lleva 28 años residiendo en Estados Unidos y Puerto Rico, fue detenido por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el pasado 26 de septiembre y sacado de la isla poco después.
La fianza de $7,500 fue impuesta por el juez de inmigración Elvin Talavera Peraza, quien reconoció en sala que el mexicano no representa ningún riesgo de fuga ni peligro para su comunidad, contrario a lo que intentó establecer el ICE.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, el hombre compareció a la vista de fianza mediante videoconferencia, presuntamente desde el Centro de Detención Krome en Miami, Florida.
La abogada de inmigración de González Domínguez, María 'Charito' García, argumentó en sala y presentó evidencia amplia y contundente que demostraba la falsedad de los planteamientos de ICE sobre presunto riesgo de fuga y peligrosidad para la comunidad.
Dicha vista se llevó a cabo mientras las agencias de inmigración seguían en incumplimiento con el dictamen del juez federal Raúl Arias Marxuach, quien ordenó ayer que González Domínguez debía ser traído de vuelta a Puerto Rico.
El empresario fue sacado de la jurisdicción local mientras el Tribunal Federal atendía un recurso de habeas corpus presentado por el ACLU de Puerto Rico, del que las agencias federales de inmigración tenían conocimiento.
"Celebramos que Sandro podrá reunirse con su familia en Puerto Rico, que es su hogar. Pero, al mismo tiempo, denunciamos la actitud autoritaria con que las agencias de inmigración siguen comportándose, incluso después de la determinación del juez de inmigración", afirmó el licenciado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
"Sandro nunca debió haber sido detenido y mucho menos sacado de Puerto Rico", sostuvo Arraiza.
González Domínguez es codueño de una empresa de restaurantes con ocho establecimientos en el archipiélago, que emplean aproximadamente a 115 personas.