El programa fue anunciado por el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week, que se celebra en París y se enmarca, según el Gobierno, en el proceso de “apertura e integración internacional que impulsa la Argentina”, acompañado de reformas destinadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales.
La iniciativa establece dos vías para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares creado específicamente para el programa.
El esquema también contempla al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de 100.000 dólares, mientras que para los menores de 18 años se establece un aporte de 25.000 dólares.
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Las solicitudes estarán sujetas a “un proceso de evaluación riguroso destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina”, según detalló un comunicado oficial del Ministerio de Economía.
El proceso incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimoniales y financieros, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. La agencia elevará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que aprobará o rechazará cada solicitud.
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El Gobierno indicó que los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y transparencia financiera, alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Los recursos obtenidos se destinarán, según el Ejecutivo, a “continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”.