"Las detenciones en este caso ponen de relieve la determinación de la Fiscalía federal y de sus socios en la aplicación de la ley para defender el Estado de derecho", afirmó en un comunicado Héctor Ramírez, fiscal federal en funciones del Distrito de Puerto Rico.
Según precisó Ramírez, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico dictó el 24 de septiembre acusación contra 28 personas por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y delitos relacionados con armas de fuego e indicó que algunos de los acusados ya están ingresados en distintos centros penitenciarios por casos de drogas.
La acusación alega que, desde 2022, la organización de tráfico de drogas, liderada por el recluso Jeremy Maldonado, de 25 años, distribuyó heroína, fentanilo, base de cocaína (crack), cocaína, marihuana, tramadol y clonazepam en los complejos de viviendas sociales Enudio Negrón, Maximino Miranda (Villalba), y Villas del Parque (Juana Díaz), y en áreas aledañas.
Los acusados desempeñaron diferentes funciones para promover los objetivos de la conspiración de tráfico de drogas, entre ellas las de líderes, proveedores, propietarios de puntos de venta de droga, encargados de la seguridad, transportistas, vendedores, vigías y facilitadores.
Asimismo, las autoridades alegan que los miembros de la organización de tráfico de drogas participaron en actos de violencia, incluidos tiroteos y asesinatos, para mantener el control del tráfico de drogas en las zonas.
El nombre del operativo 'Rainbow Dope' surge por la forma en que la organización cocinaba el "crack", dejando las piedras en colores como si fuera un arcoíris.
Por su parte, Michael Mayer, agente especial al mando de la División del Caribe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que cada organización criminal desarticulada y cada punto de distribución de drogas desmantelado "representa vidas que potencialmente se han salvado".
Esta investigación fue dirigida por la DEA y la Unidad de Intervención de Ponce de la Policía de Puerto Rico (PRPB, por sus siglas en inglés), con la colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (Uspis, en inglés).
Durante las detenciones, prestaron apoyo los siguientes organismos: la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Puerto Rico.