La lucha de Maricarmen Abascal, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser expulsada del piso de alquiler en el que residió 71 años, fortaleció las protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al Gobierno de España a aprobar dos decretos.
Estas medidas fueron posteriormente derogadas por el Congreso con los votos de los partidos conservadores, lo que precipitó el adelanto electoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes.
“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, señaló el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde lamentó que “si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”.
El sindicato se refería así al acuerdo alcanzado el pasado 28 de septiembre con la empresa propietaria del inmueble en el que residía Maricarmen, para que esta anciana con un 50 % de discapacidad y problemas de movilidad pudiera regresar a su casa en Madrid.
Maricarmen tenía un contrato de alquiler con una renta antigua asequible, firmado originalmente por su padre y posteriormente subrogado a su madre y la empresa propietaria, tras adquirir el piso, consideró que dicho contrato estaba extinguido y exigió a la anciana un nuevo alquiler que ésta no podía pagar.
Finalmente y pese a los intentos de negociación por parte de su abogada, el Ministerio de Vivienda y varias propuestas de particulares para hacerse cargo del pago del alquiler, Maricarmen fue desahuciada en el cuarto intento.
Su imagen al ser sacada de su casa en camilla y trasladada al hospital espoleó las protestas y, en medio de las movilizaciones, la propiedad del piso terminó alcanzado un pacto para que Maricarmen volviera a su casa con un precio que no superara el 30 % de sus ingresos netos.
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Maricarmen se ha convertido en España en símbolo de la lucha por la vivienda y el Sindicato de Inquilinas ha dicho que se queda con su ejemplo de lucha y su legado y que cumplirá con lo que ella siempre les pedía: “luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.
“Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general”, señaló el Sindicato de Inquilinas.
Estas activistas apuntan a que el debate de la vivienda “está en el centro” pero que el “coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”.
“Tu familia, tu abogada y tu sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, recalcan las activistas.
El ejemplo y el rostro de Maricarmen acompañaron las primeras semanas de movilizaciones tras su desahucio y, desde el hospital, hizo vídeos para pedir la aprobación del llamado “decreto Maricarmen” con medidas de vivienda, mientras que el Ejecutivo impulsó dos decretos, que terminó tumbando el Congreso de los Diputados.
Tras el adelanto de las elecciones generales, el Gobierno español ha aprobado de nuevo dos decretos de vivienda, que se debatirán y votarán en la Diputación Permanente del Congreso el próximo 16 de octubre, donde la aritmética política es diferente al Congreso y hay posibilidades de que sean aprobados.
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La crisis del acceso a la vivienda en España
La crisis habitacional en España alcanzó niveles de alta tensión social e institucional, marcada por un mercado de arrendamiento con precios en máximos históricos y una acuciante falta de oferta.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), la imposibilidad de asumir los incrementos en los contratos de alquiler constituye la principal causa de desahucio en el país, concentrando cerca de dos tercios de los lanzamientos judiciales.
Informes de organismos como el Banco de España advierten de que más del 40 % de los inquilinos destina un porcentaje desproporcionado de sus ingresos al pago de la renta, mientras entidades sociales denuncian la proliferación del hacinamiento y la precariedad ante la escasa cobertura del parque público de vivienda.
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