"Es necesario abordar mejor la ruptura de servicios transoceánicos directos y su redistribución desde puertos extracomunitarios, evitando que se incentive una reorganización del tráfico marítimo y el traslado de actividades fuera de puertos europeos", dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE.
España plantea así que la reforma del ETS propuesta por la Comisión Europea el pasado mes de julio introduzca salvaguardas frente a posibles cambios en las rutas marítimas derivados del coste del carbono, una preocupación compartida por países como Italia, Malta, Chipre y Portugal.
El transporte marítimo se está incorporando progresivamente al mercado europeo de emisiones, que obliga a las compañías a adquirir derechos por el CO2 generado por sus actividades.
El temor de varios países es que determinadas navieras puedan reorganizar sus rutas internacionales, recurriendo en mayor medida a grandes puertos situados fuera de la UE, como el marroquí Tánger Med, para reducir la parte de sus emisiones sometida al régimen europeo.
Por su parte, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, señaló que en la revisión "hay que hacer más" en ámbitos como el transporte marítimo, la aviación y los residuos y aseguró que la UE tiene claro "el rumbo" hacia la neutralidad climática.
La Comisión Europea propuso en julio revisar el mecanismo ante la presión de los Veintisiete por los altos precios de la energía y ante el riesgo de pérdida de competitividad industrial de la UE.
La reforma busca adaptar el principal instrumento climático europeo al objetivo de reducir las emisiones de la UE un 90 % en 2040 y aborda cuestiones como el ritmo de retirada de derechos de emisión, las asignaciones gratuitas, el uso de créditos internacionales y el tratamiento de sectores como la aviación, el transporte marítimo y los residuos.
"La descarbonización no es un obstáculo para la competitividad; es una condición para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, reforzar la autonomía estratégica y movilizar inversión limpia en Europa", afirmó Morán.
El político sostuvo que el ETS debe continuar siendo "el principal instrumento de la política climática de la UE" y defendió que el ritmo de reducción de los derechos de emisión disponibles parta de la trayectoria más exigente prevista para 2036-2040.
También pidió que cualquier reducción posterior del esfuerzo interno europeo quede condicionada a que exista un volumen suficiente de créditos internacionales de elevada calidad.
España respaldó asimismo la creación de un Banco de Descarbonización Industrial y consideró positivo que una parte "significativa y previsible" de los ingresos del ETS vuelva a los sectores afectados para financiar sus inversiones de descarbonización.
En el debate, países como Dinamarca, Alemania, Suecia y Luxemburgo defendieron preservar una trayectoria exigente de reducción de emisiones y evitar que nuevas flexibilidades debiliten el ETS.
Dinamarca advirtió de que "no podemos debilitar" el sistema y Alemania señaló que cualquier excepción deberá compensarse con reducciones de emisiones en otros ámbitos.
Por otro lado, países como Polonia, Chequia y Croacia pidieron tener más en cuenta los elevados costes de la energía, la competitividad industrial y la capacidad real de adaptación de las empresas.
Chequia reclamó una revisión "sustancial" del sistema y una asignación de derechos más realista, mientras que Croacia defendió una retirada más gradual de las asignaciones gratuitas para las industrias que necesitan más tiempo para descarbonizarse.
El objetivo es que los países acuerden una postura común en diciembre para que la negociación final con el Parlamento Europeo permita completar el expediente en el primer trimestre de 2027.