En una rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo keniano, Charles Owino, aclaró que la Autoridad Portuaria de Kenia (KPA) abonó 1.400 millones de chelines (unos 10,8 millones de euros) a la Comisión Nacional de Tierras para compensar y reubicar a 90 familias afectadas.
“Las familias fueron debidamente indemnizadas y reubicadas. Cualquier persona que posea títulos de propiedad sobre los terrenos de la KPA tiene en su poder documentos falsos”, afirmó Owino, quien advirtió de que el Departamento de Investigaciones Criminales (DCI) perseguirá por la vía penal la tenencia de títulos fraudulentos.
El conflicto se centra en las 28.199 hectáreas asignadas entre 2012 y 2013 a la KPA para el el Corredor de Transporte Puerto de Lamu-Sudán del Sur-Etiopía (LAPSSET, inglés), el mayor proyecto de infraestructura de transporte e integración económica de África oriental.
El megaproyecto contempla la construcción de 32 atracaderos, zonas francas e infraestructura portuaria en el asentamiento de Mkokoni, en Lamu.
Las declaraciones del Ejecutivo se producen después de que el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Malindi desestimara a finales de septiembre una solicitud de urgencia presentada por 133 residentes de la zona de Chandavai para frenar las obras de la refinería, valorada en unos dos billones de chelines kenianos (alrededor de 15.000 millones de euros).
La jueza Jane Onyango ordenó mantener el estado de la cuestión (status quo) sobre los terrenos en disputa hasta este martes 14 de octubre, fecha en la que celebrará una audiencia entre las partes para examinar los reclamos de los vecinos, quienes afirman que las tierras son ancestrales y que las demoliciones destruyeron sus cultivos sin aviso ni compensación.
Pese al litigio judicial, la KPA ya ha cedido parcelas del complejo al magnate nigeriano Aliko Dangote, el hombre más rico de África, y dueño de Industrias Dangote para la edificación de hasta cinco atracaderos destinados al transporte de crudo y derivados.
Se prevé que la refinería procese unos 700.000 barriles diarios de petróleo procedente de las reservas de Lokichar, en el noroeste de Kenia, y de otros yacimientos de África oriental y meridional.
El proyecto arrancará en un contexto marcado por la subida del precio del combustible debido a la guerra de Irán, que ha golpeado a las economías africanas, vulnerables a crisis globales por su dependencia de los mercados extranjeros, la volatilidad de sus monedas, la falta de infraestructuras y el endeudamiento.