Jenča reconoció en una sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia que el nuevo Gobierno colombiano ha manifestado "su intención de cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo" pero que "aún no ha definido plenamente su enfoque para la aplicación".
"Esperamos con interés que se concreten sus políticas y estamos dispuestos a apoyar al Gobierno en este sentido, poniendo a su disposición la experiencia acumulada por la Misión a lo largo de casi una década acompañando la aplicación del Acuerdo", declaró.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ya advirtió hace unos días de los riesgos para la implementación del acuerdo de paz en Colombia tras los cambios en la política de seguridad de la Administración de De la Espriella, que puso fin a los diálogos con grupos armados ilegales y reforzó las operaciones militares.
A casi diez años de la firma del Acuerdo, el representante especial señaló que el pacto ha contribuido de manera innegable al avance de la paz en el país.
Entre las principales contribuciones, el fin de la insurgencia más prolongada del conflicto y el establecimiento de políticas y programas para impulsar el desarrollo.
Sin embargo, destacó que también ha tenido "muchas deficiencias" y que "queda mucho por avanzar", cuando se estima que las filas de los grupos armados ilegales aumentaron de 15.000 a 28.000 integrantes desde 2022.
"El Acuerdo debe implementarse de manera integral. Y, como afirma el Secretario General en su informe, los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar las oportunidades que ofrece", apuntó.
Por eso, la ONU pidió planes concretos que garanticen una financiación adecuada de los programas, que se asignen responsabilidades de dirección y coordinación y se activen las comisiones recogidas en el acuerdo para que se avance en la aplicación del mismo.
El representante especial cifró en 501 los asesinatos desde 2016 y pidió reforzar la protección y las oportunidades para quienes aceptaron las armas.
Actualmente, más de 11.000 excombatientes continúan su transición a la vida civil.